Segun lo ha reconocido la interventora adjunta de la Junta, Teresa Arriate, tiene suspendidas desde 2014 las ayudas del fondo social europeo por sus irregularidades en los cursos de formacion.
Susana Diaz, presidenta de la Junta de Andalucia. / EFE
Las irregularidades y errores detectados en la justificacion de ayudas para los cursos de formacion y en otras partidas provocaron que la UE suspendiera en 2014 a Andalucia el fondo social europeo, una medida que persiste pero que podria concluir este ano.
La confirmacion de esta suspension ha llegado de la interventora adjunta de la Junta, Teresa Arriate, durante su comparecencia en la comision parlamentaria que investiga el supuesto fraude en los cursos de formacion de la Junta, aunque no ha precisado el alcance de la cuantia.
Arriate, cuya responsabilidad se situa en el area de Control y Fondos Europeos y Subvenciones, ha explicado que la decision de UE ha sido consecuencia de las auditorias de la intervencion general y porque la gestion del fondo social europeo, que subvenciona parte los cursos de formacion, contenia “errores y puede que irregularidades que hay que verificar”.
La interventora adjunta ha confirmado tambien que la direccion general de Asuntos Europeos de la Junta decidio “descertificar” y “reprogramar” entre 2007 y 2013 casi 47 millones de euros de subvencion de la UE para los cursos de formacion con el objetivo de “no generar desconfianza” en la Comision Europea.
Al descertificar esta cantidad, la partida “se perdio” para los cursos de formacion, si bien fue reprogramada y orientada hacia la formacion reglada, ha puntualizado.
La decision se produjo para “evitar la desconfianza” de la Comision Europea ante la publicacion en los medios de comunicacion de las actuaciones que distintos juzgados andaluces estan llevando a cabo sobre el presunto fraude en la formacion.
Tambien ha comparecido ante la comision la ex interventora general Rocio Marcos, que ha asegurado que los controles de este departamento “estan hechos para intentar mejorar las cosas” y “no para detectar fraudes” y ha anadido que implican “limitaciones de medios y, por tanto, limitaciones en los efectos”.
“Si no vimos, no vimos, y si vimos mucho mas, dicen que por que los interventores se han metido donde no les llaman”, ha senalado la exinterventora, que ha defendido que “los profesionales que han hecho los informes lo hacen bien porque conocen su oficio” y que “cuando se habla de hechos objetivos estos tienen muy poca discusion, como cuando falta una factura”, ha puesto como ejemplo.
“Parece que vamos buscando por los cajones y no es asi, estamos inmersos en los procedimientos administrativos que corresponden”, ha enfatizado Marcos, quien ha hecho hincapie en que “en lo objetivo es dificil discutir que el informe este bien hecho, y los informes tienen bastante contenido objetivo”.
Ha lamentado que, aunque puede parecer que haciendo muchos controles se deben detectar las presuntas irregularidades, si hay alguna deficiencia que va mas alla de cuestiones documentales que acrediten que no se cumple la ley, “no es tan facil verlo”.
Por su parte, la directora general de Evaluacion, Control y Calidad del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Maria Jesus Moreno Herrerias, ha asegurado que se ha constatado que este organismo “ha cumplido la legalidad aplicable” en la gestion de las subvenciones.
“Se ha constatado que se ha cumplido la legalidad aplicable, tanto la normativa estatal como la propia y los requisitos legales impuestos en la gestion de las subvenciones”, ha indicado Moreno, que se ha remitido en repetidas ocasiones a la direccion general de Formacion Profesional para el Empleo como organismo responsable de la gestion de estos fondos a partir de 2013.