¿Le llamamos represión o todavía no?
El ayuntamiento de Marinaleda sanciona por ejercer el derecho de huelga exigiendo condiciones dignas para su plantilla.
En una importante resolución judicial emitida en Sevilla el 15 de mayo de 2023. La Sentencia 207/2023 ha dejado una clara victoria a una valiente trabajadora frente al Ayuntamiento de Marinaleda de Sánchez Gordillo. En este caso, que se remonta al 28 de agosto de 2020, la empleada recibió una carta en la cual el ayuntamiento notificaba la apertura de un expediente disciplinario en su contra.
Analizando detenidamente los hechos expuestos en la carta de despido, la Sentencia 207/2023 únicamente considera acreditado un hecho: el 19 de agosto de 2020. La demandante formaba parte del comité de huelga de una medida de conflicto colectivo convocada contra el Ayuntamiento de Marinaleda de Sánchez Gordillo y acudió al SERCLA para la comparecencia previa a la huelga. Ese mismo día, a las 8 de la mañana, la trabajadora comunicó esta circunstancia al ayuntamiento demandado. Y este, aun siendo consciente de la justificación y motivo. Siguió adelante con su actitud represiva ante la trabajadora ejecutando la sanción sin fundamento alguno como ha quedado atestiguado por la sentencia.
El juez, basándose en una valoración objetiva y rigurosa de las pruebas presentadas en el caso, concluye que el Ayuntamiento de Marinaleda de Sánchez Gordillo no ha proporcionado pruebas suficientes sobre la realidad de los hechos que se le imputan a la demandante en la carta de sanción. Por lo tanto, la trabajadora ha salido victoriosa en esta batalla legal, demostrando su inocencia y dejando en evidencia la falta de sustento en las acusaciones en su contra y la clara voluntad represiva del consistorio ante la defensa de los derechos laborales de sus trabajadores.
Esta sentencia representa una importante victoria para los derechos laborales y la justicia en el ámbito laboral. Establece un precedente valioso al exigir una carga de prueba sólida antes de imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores. Es un recordatorio de que la justicia debe prevalecer y que todas las partes deben cumplir con su responsabilidad de presentar pruebas contundentes antes de tomar decisiones que afecten las vidas y el sustento de los empleados como medidas represivas o intimidatorias.
Triste adiós de Sánchez Gordillo
Adjuntamos la sentencia.
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