La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) señala que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no ha desvirtuado las ilegalidades presuntamente cometidas por uno de sus cargos directivos. El sindicato CGT llevaba meses denunciando al SAS y a otras instituciones andaluzas las ilegalidades supuestamente cometidas por Casto Ortiz Montaño, sin resultado alguno
La asociación Justicia por la Sanidad ha estado haciendo el seguimiento de la documentación e investigación desde sus inicios, tanto de las irregularidades denunciadas sobre la carrera de dicho empleado público y sus nóminas como de las contrataciones de empresas privadas que efectuó el citado directivo del Área de Gestión Sanitaria (AGS) de Osuna (Sevilla).
Como publicó este diario hace más de un año, el citado sindicato dirigió sus denuncias a varios cargos públicos: al gerente del AGS de Osuna, Celso Ortiz (más de 5 escritos); al entonces Director Gerente del SAS y hoy Viceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Ruiz Guzmán; al entonces consejero de Salud y Familias y hoy presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; al entonces consejero de la Presidencia y hoy coordinador general del PP en España, Elías Bendodo; y al presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno. Como todos hicieron caso omiso a los hechos denunciados, típico resultado de la partidocracia, el sindicato los puso en conocimiento de la OAAF.
Entre las denuncias presentadas en el AGS de Osuna sin resultado alguno, la CGT presentó el 24 de enero de 2022 un escrito dirigido al gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Celso Ortiz Sáez, insistiendo en algunas de las ilegalidades supuestamente cometidas por su entonces subordinado Casto Ortiz Montaño a lo largo de su trayectoria en el SAS. Este último fue nombrado dos veces Director Económico Administrativo de la AGS de Osuna: primero, en 2016 (BOJA de 25 de noviembre), y segunda, en 2019 (BOJA de 10 de junio), en ambos casos por libre designación y sin publicarse una previa convocatoria. Este diario ya informó sobre la trayectoria profesional de Casto Ortiz en una noticia publicada en junio de 2022, acreditando que el SAS censuraba la documentación solicitada sobre la misma.
La citada denuncia presentada en enero de 2022 tampoco obtuvo resultado alguno. Al contrario, como informó la periodista Carmen del Toro en el diario “Viva Sevilla”, la dirección del AGS de Osuna rechazó “las acusaciones realizadas hacia el equipo directivo y concretamente contra el director económico del Área, asegurando que “no se conoce ningún tipo de irregularidad ni existe ningún tipo de prueba fundamentada sobre las acusaciones emitidas. Asimismo, según dicho diario, la dirección del AGS de Osuna manifestó que “es inaceptable este tipo de persecuciones a trabajadores de un organismo como el Área de Gestión Sanitaria, acusaciones infundadas que no sólo están perjudicando a una persona, sino con las que se está atacando a toda la institución integrada por cerca de 2.000 trabajadores”.
Con estas declaraciones, y a la vista de la resolución de la OAAF fechada a 11 de julio de 2023, la dirección de la AGS de Osuna ha evidenciado su total incompetencia. Debe recordarse que este diario publicó hace 15 días un artículo sobre la polémica creada por dicho gerente, al remitir una nota interna señalando que “cuando se produzca una concentración en los exteriores de los centros de salud o consultorios, se dé inmediatamente traslado al teléfono 062 (Guardia Civil).”
Según la OAAF, que dirige el magistrado Ricardo Vicente Puyol, el SAS no ha podido acreditar que las ilegalidades no existan, hasta el punto de que el directivo denunciado, Casto Ortiz, ha “dimitido” de su cargo. Este hecho deja al gerente del AGS de Osuna, Celso Ortiz, en una situación peliaguda, al no haber actuado como le exigía el ordenamiento jurídico, a pesar de las múltiples denuncias documentadas y presentadas por el sindicato CGT, así como lo publicado en este diario sobre las contrataciones administrativas. En la actualidad, el Director Gerente del SAS, Diego Agustín Vargas Ortega, mantiene a Celso Ortiz como gerente del AGS de Osuna, un hecho incomprensible para cualquier ciudadano que rechace los abusos de poder.
Pero no es el único cargo público que ha quedado en evidencia: Miguel Ángel Guzmán, Jesús Aguirre, Elías Bendodo y el propio presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno, han quedado retratados una vez más por “lavarse las manos” ante las denuncias que recibieron sobre las manifiestas ilegalidades.
La resolución de la OAAF desaprueba al SAS y le insta a actuar
Según la resolución de la OAAF suscrita el 11 de julio pasado, a la que ha tenido acceso este diario, aquella acordó la apertura de un trámite de actuaciones previas, requiriendo en el mes de octubre de 2022 al directivo denunciado y al Director Gerente del SAS una determinada documentación y que presentaran las alegaciones que estimaran oportunas.
El directivo “dimitido” alegó que los hechos faltan a la verdad, mientras que el Director Gerente del SAS sólo aportó documentación, sin entrar en los hechos denunciados. En base a lo anterior, la OAAF acordó en noviembre de 2022 abrir un procedimiento de investigación e inspección, “para concluir si efectivamente se aprecian indicios de la comisión de posibles infracciones administrativas, disciplinarias, contables o la concurrencia de causas que justificaran la iniciación de un procedimiento de revisión de oficio u otras actuaciones, en relación a la aplicación de la normativa en materia de contratación administrativa, y en materia de percepción de retribuciones”.
Según indica el escrito de la OAAF, el informe propuesta de la actuante Subdirección de dicha Oficina, refiriéndose a las retribuciones indebidamente percibidas en años anteriores por el directivo denunciado y en base a las nóminas que entregó el SAS a la OAAF, “consta testifical de 9 trabajadores indicando que no ha realizado nocturnos”. Tras poner en conocimiento del SAS y del denunciado dicho informe propuesta, el 30 de junio pasado presentó el SAS alegaciones. Respecto a las nóminas complementarias falsas, alega el gerente del AGS de Osuna que la justificación de los abonos los firmaba el gerente Fernando Rodríguez Almodóvar cuando la intervención solicitaba dicha justificación.
La pregunta por realizar es sencilla: ¿firmaba el gerente sin poder comprobar si efectivamente los servicios nocturnos, festivos a turno se realizaban? ¿No es propio de una incompetencia colosal no adoptar los mecanismos adecuados -picaje electrónico u otros- que acrediten si el personal del SAS realiza o no servicios complementarios, con la oportuna grabación para que quede constancia para los órganos de control?
A pesar de las alegaciones presentadas, la OAAF señala en su resolución definitiva que estas “no desvirtúan el contenido de los hechos descritos…en tanto, no ha quedado acreditada la realización efectiva, picajes, u otros sistemas de acreditación de la jornada nocturna, festiva o a turnos, y en consecuencia, aparentemente se aprecian indicios de posible infracción en materia de personal”, instando al SAS a estudiar el modo de restituir el cobro de retribuciones indebidas, en su caso.
No obstante, debe tenerse en cuenta la posible prescripción de la acción para exigir la devolución de lo indebidamente cobrado, dados los años transcurridos desde el cobro de dichas retribuciones; es decir, se habría producido otro daño más o menoscabo de fondos públicos a los que nos tiene habituado el SAS en esta dañina partidocracia, un sistema político que deja a los ciudadanos desprotegidos ante las múltiples corrupciones. Con relación a la documentación relativa al periodo trabajado necesario para poder concurrir a la oferta de empleo público (OEP) a la que se presentó el denunciado, obteniendo una plaza de auxiliar administrativo, y los motivos por los que ni él ni otras personas se presentaron previamente a la OEP en la que se convocó la plaza que días antes ocupó provisionalmente y en la que se mantuvo durante años sin convocarse públicamente, dice la resolución de la OAAF que “se desprendería que pudiera haber indicios de una resolución del procedimiento selectivo no ajustada a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sobre estos aspectos habrá de informar el SAS y el denunciado, en el informe de actuaciones que remita a esta Oficina”.
Asimismo, sobre los méritos de experiencia computados por el investigado en el proceso extraordinario de consolidación de empleo (grupo auxiliar administrativo), el denunciado se autobaremó méritos por 44’11 puntos, cuando según los documentos aportados sólo sumaban 15’3 puntos, “que le permitieron acceder a la plaza de auxiliar administrativo con carácter definitivo. Cuestión que no ha sido respondida por el SAS, en el trámite de alegaciones”, según indica la OAAF. Por ello, insta al SAS a “realizar las actuaciones que, en su caso, procedan para restituir la legalidad o reparación del daño causado, e informar a esta Oficina de dichas actuaciones realizadas a los efectos de su posible inclusión en la Memoria anual de actuación de esta Oficina”.
Por otro lado, entre el periodo 1990 al 2006, la actuante Subdirección de la OAAF indica que el denunciado, sin ocupar o ser designado para categoría de “Jefe de Personal”, en algunos informes y certificados remitidos por el SAS el denunciado firmó como “jefe de Personal”, aunque se considera que dichos documentos, salvo uno, quedaban convalidados con la firma de un superior jerárquico, un vicio consistente en incompetencia no determinante de nulidad.
Aunque la subdirección de la OAAF y su director no lo han señalado en su informe propuesta y resolución definitiva, respectivamente, resulta sorprendente que los superiores jerárquicos del SAS permitieran que un auxiliar administrativo se autoproclamara reiteradamente “jefe de personal” y no lo corrigieran. Por ejemplo, no lo hizo María Luisa Corpas Jiménez, la que fuera Directora Económica-Administrativa del AGS de Osuna en aquellas fechas (desde 2003 es Directora Económica-Administrativa del Hospital Regional de Málaga). Este hecho indica el grado de ilegalidad, incompetencia y servilismo con el que se trabaja a diario en el SAS, como la asociación Justicia por la Sanidad lleva denunciando durante años. Ya saben que, en este régimen partidocrático, la incompetencia, el servilismo y la vulneración impune del ordenamiento jurídico es lo más habitual.
El diario “El Libre” denunció las ilegalidades de las contrataciones efectuadas por dicho directivo, que implicaba a empresas del grupo Ferrovial
Según indica la resolución de la OAAF con relación a los contratos administrativos y su posible fraccionamiento, el director de la Central Provincial de Compras de Sevilla y Director Económico Administrativo del Hospital Virgen del Rocío, cargo que ocupa Jaime Pérez Pérez, presentó alegaciones negando que existiera fraccionamiento o vicio de nulidad con los contratos menores denunciados. Sin embargo, en su resolución definitiva, la OAAF rechaza las alegaciones presentadas y señala que sí parece que podría haberse producido fraccionamiento en al menos cuatro contratos menores, dado que “se observa que el objeto en los cuatro contratos menores es la pintura de la fachada del hospital y la justificación y el periodo son prácticamente los mismos”. Además, añade que “parece desprenderse de la documentación del expediente, que hubo solapamiento (duplicidad) en los objetos de los contratos menores con el contrato de servicio PA 62/2016”, es decir, que podría haberse pagado dos veces por la misma prestación. Por ello, señala que el SAS “habría de iniciar el correspondiente procedimiento de revisión, de cuya finalización, de iniciarse, se dará conocimiento a la Oficina”.
Resulta necesario señalar que el citado Jaime Pérez Pérez conocía al denunciado, dado que ambos coincidieron como Subdirectores en el AGS de Osuna. Tras trabajar en el centro comercial PRYCA (1988-1991), Jaime Pérez fue Administrador en el Distrito Sanitario Écija-Osuna desde 1993 a 1997, y Subdirector Económico-Administrativo y de Servicios Generales en el AGS de Osuna entre los años 1997 y 2011, según ha publicado en la red social Linkedin. Estos cargos los ha ocupado suscribiendo contratos laborales de alta dirección (no era personal estatutario), como ocurre con otros muchos directivos del SAS.
Debe recordarse que este diario denunció con detalle las ilegalidades cometidas con estos contratos en el artículo publicado en junio de 2022, antes de que se pronunciara la OAAF. Por otro lado, debe resaltarse que, fue el Director General de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, el que suscribió la resolución de 11 de abril de 2022 por la que se entregó al sindicato solicitante la documentación de los contratos. Es decir, que este último tenía conocimiento de dichos contratos y de las ilegalidades cometidas desde hace más de un año, sin que tampoco actuara en consecuencia.
Si algo está caracterizando a los cargos del gobierno del PP en Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, no es sólo la falta de liderazgo y proyecto para Andalucía, sino sobre todo el incumplimiento de sus obligaciones legales, el nepotismo, el mirar hacia otro lado o ponerse de perfil cuando se denuncia cualquier ilegalidad acreditada, el proteger a los “suyos” y amparar sus corrupciones, el servilismo y docilidad de directivos y funcionarios, no adoptar medida alguna que pueda crear algún conflicto que ponga en riesgo sus currículos o ascensos en el partido, perseguir o ningunear a los que denunciamos las ilegalidades del gobierno de turno, premiar a los incompetentes, y un largo etcétera que coincide con todo lo que un servidor denunciaba sobre los gobiernos anteriores del PSOE, en solitario o pactando con IU o Cs. Definitivamente, es más de lo mismo: partidocracia y su inherente corrupción sistémica.
Mientras tanto, los andaluces siguen perdiendo el tiempo en batallas sobre los efectos del sistema partidocrático, en vez de dirigir su atención hacia la causa. Por ello, los políticos de los partidos se frotan las manos y sonríen viendo como consiguen una y otra vez estafar al pueblo o nación española con su división basada en falsas ideologías y convocatorias de “votaciones”, todo ello para perpetuar el sistema partidocrático que tanto beneficia a los partidos y, lo que es más grave, que perjudica considerablemente a los ciudadanos.
