CGT, que ostenta la mayor representación en la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (AMAyA), acusa a la Consejería de Presidencia de vulnerar sus derechos fundamentales al dejarles fuera de las conversaciones para que se reconozca el complemento por antigüedad de los trabajadores
CGT, el sindicato mayoritario de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (AMAyA) de la Junta de Andalucía, ha denunciado al Gobierno andaluz por “vulnerar” sus derechos sindicales fundamentales. La organización sindical ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a la que ha tenido acceso este medio, contra la Consejería de Presidencia por excluirles de la negociación para la recuperación del complemento por antigüedad que dejaron de percibir en 2007. Desde Presidencia argumentan que CGT estará presente en la próxima mesa sectorial que se celebre, aunque reconoce contactos previos con el resto de sindicatos de los que el sindicato denunciante no ha formado parte.
El origen del conflicto está en la pérdida de poder adquisitivo que vienen denunciando los trabajadores de la AMAyA y en concreto los bomberos forestales del Plan Infoca desde hace años. La agencia, que está integrada por 5.000 profesionales de los cuáles 3.000 son bomberos, dejó de abonar el complemento por antigüedad a sus trabajadores en 2007, lo que ha convertido a esta cuestión en una reivindicación histórica de profesionales y sindicatos. Hasta el punto de que es uno de los grandes motivos de enfrentamiento entre los representantes laborales y la Junta de Andalucía.
Los bomberos forestales y los técnicos de la Amaya, han pedido en reiteradas ocasiones que se atiendan sus demandas sobre todo en dos aspectos: que el dispositivo del Infoca esté al cien por cien de efectivos durante todo el año y que la antigüedad que han ido acumulando los trabajadores se reconozca. En el primer mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía no se avanzó en ninguno de los dos aspectos, pero en este último año sí. De hecho, la Consejería de Presidencia se ha hecho cargo del dispositivo Infoca mientras se crea la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA), lo que ha llevado al consejero Antonio Sanz a negociar directamente estas dos reivindicaciones.
Sin embargo, CGT lleva meses denunciando que la actitud de Sanz deja dudas sobre si realmente se llegará a aprobar el complemento por antigüedad. La otra reivindicación, esto es, que la plantilla de bomberos sea permanente no será una realidad antes de los tres años programados (actualmente el grueso del personal sólo trabaja en el periodo de alto riesgo de incendios que se suele extender entre junio y octubre). Como no se creen al consejero, desde CGT han presionado para que hubiese huelgas y movilizaciones que han llevado a la Junta a negociar con los sindicatos. Un punto en el que se ha producido la fricción por la que CGT ha denunciado al Gobierno andaluz ante el TSJA.
Según indican en la demanda, la Consejería de Presidencia les ha excluido de dicha negociación, antes incluso de que se produzca por los cauces legales. El resto de sindicatos del comité (UGT, CCOO, UITA, CSIF y SIBFI) ha pasado de conceder el beneficio de la duda a la Junta en cuanto a la antigüedad a decir que las propuestas que se han avanzado son “insuficientes”. CGT, entretanto, se ha visto excluido tras presentar un plan que pasa por reconocer al completo la antigüedad desde el momento de su pérdida y no desde 2021, que fue la última propuesta del Gobierno andaluz. Según calculan, desde 2007 han perdido un 20% de poder adquisitivo en sus nóminas por este aspecto.
Contra la “imposición” de la Junta
Lo que ha ocurrido, según este sindicato, es que antes de que se lleve a cabo la mesa de negociación que, con todas las garantías legales, ha de poner encima de la mesa las diferentes propuestas, Presidencia ya ha hecho un sondeo previo entre el resto de sindicatos para llegar a esa reunión sectorial con “las cartas marcas”. “La CGT desde un principio plantea que es inaceptable una negociación en la que para poder ser parte de la misma ya se parta de un cribado previo de propuestas y negociadores, entendiendo que esto vulnera el principio de buena fe negociadora, y en si la vulneración de la libertad sindical, por lo que de forma abierta y clara ha mantenido ante la empresa su posición, sin negarse a negociar, pero una negociación abierta en la que las partes puedan llegar a un acuerdo vía negociación, no por la imposición de un contenido determinado de forma unilateral que predetermine las bases aceptables y no aceptables”, apunta el sindicato en uno de los puntos claves de la demanda.
“Un sindicato que se sienta a negociar parte de la base que algunas o muchas de sus propuestas se desestimen o descarten, sin que lleguen a prosperar en un acuerdo final, pero lo inconcebible es que se imponga la renuncia a parte de sus reivindicaciones para aceptarlo en el proceso”, dice el escrito. Pese a que CGT ha sido el sindicato que ha presentado la demanda, lo cierto es que la mejor sintonía que tenía Presidencia con el resto de sindicatos también ha empeorado, ya que todos reclaman garantías para que se aplique el complemento sin renuncias para los trabajadores.
Al respecto de la demanda, fuentes de la Consejería de Presidencia argumentan que CGT “estará en la próxima mesa de negociación”. Al tiempo que reconocen un “análisis previo” que se ha “acordado con los sindicatos”. Aseguran que lo que CGT llama cribado fue algo que se pactó con los representantes de los trabajadores y que se “consensuaría” la aplicación de la “decisión de conocer la antigüedad”. Niegan que se haya redactado un documento previo y circunscriben esos contactos a un simple análisis.
