La Audiencia de Sevilla resuelve los recursos pendientes y deja finalmente como enjuiciados a 22 ex altos cargos
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Chaves y Griñán, a un paso del banquillo por el caso ERE
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Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados por los ERE junto a otros 20 ex altos cargos andaluces, entre los que están Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías.
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Los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz serán juzgados por malversación y prevaricación por el reparto de subvenciones al margen de todo tipo de control o procedimiento reglado entre los años 2000 y 2010, a través de un sistema diseñado ex profeso y por el que se detrajeron de manera fraudulenta de los fondos públicos en torno a 741 millones de euros, según el cálculo realizado por la Fiscalía Anticorrupción. El juez instructor, por su parte, eleva el posible fraude a 854,8 millones.
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La Audiencia de Sevilla ha dado a conocer este jueves los últimos recursos que tenía pendientes de ex altos cargos procesados en la conocida como pieza 'política' de los ERE derivada de la macro causa, que será, previsiblemente, la primera que vaya a juicio. Al resolver los recursos, ha quedado fijado definitivamente en 22 el número de ex altos cargos del Gobierno andaluz que serán enjuiciados en esta pieza de los ERE irregulares, en la que están Chaves y Griñán. Inicialmente, había 26 ex cargos, pero cuatro han quedado fuera de la causa.
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Junto a los ex presidentes andaluces se sentará en el banquillo Magdalena Álvarez, ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ex ministra de Fomento, que tendrá que responder de su etapa como consejera de Economía y Hacienda en la Junta de Andalucía, un cargo en el que estuvo una década, entre 1994 y 2004. A partir del año 2000 fue cuando se instauró el 'fondo de reptiles' para repartir de forma discrecional y arbitraria ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis.
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Entre los 22 ex altos cargos de la Junta que serán enjuiciados en la pieza 'política' de los ERE hay seis ex consejeros, algunos de ellos también ex senadores y ex diputados en el Congreso: además de Magdalena Álvarez, están Gaspar Zarrías, que fue secretario de Estado de Cooperación Territorial, ex vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia durante 15 años; José Antonio Viera, que fue consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre 2000 y 2004; Francisco Vallejo, consejero de Obras Públicas durante seis años y de Innovación, Ciencia y Empresa durante otros seis años; Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010; y Carmen Martínez Aguayo, consejera de Economía y Hacienda entre 2009 y 2010 y de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2010 y 2013.
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En un principio, había 26 personas procesadas en esta pieza separada, pero en las últimas semanas la Audiencia de Sevilla ha exculpado al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas; al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera; al ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde, y al ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez. Entre los motivos para apartarlos de la causa, los magistrados destacaron que contribuyeron a “desmontar” el sistema irregular de reparto de ayudas a empresas en crisis.
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Prevaricación y malversación
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La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán -presidente entre los años 2009 y 2013- por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.
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Para Chaves, que fue presidente durante 19 años, entre 1990 y el 2009, la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
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Además, la Fiscalía reclama ocho años de prisión para los ex consejeros Viera, Fernández y Vallejo por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Martínez Aguayo, por el mismo delito. Para Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez pide 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
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Ya sólo falta saber qué juez será el encargado de enjuiciar la pieza 'política' de los ERE. El caso recayó por sorteo en el magistrado ex alto cargo de la Junta Pedro Izquierdo, pero el PP presentó una recusación contra él, que actualmente se está tramitando.
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