La vista celebrada ayer recogió testimonios que achacan a la administración autonómica la fórmula elegida para la formación.
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Dos testigos señalaron ayer que la Junta de Andalucía fue quien marcó las pautas sobre el tipo de relación laboral que los 416 extrabajadores de Delphi que siguieron cursos remunerados tuvieron con las entidades que impartieron esta formación y cuyas irregularidades están siendo juzgadas. Fue la administración autonómica andaluza, por tanto y según estos dos comparecientes, la responsable única y última de que recibieran compensaciones económicas por acudir, un hecho que desde el pasado lunes se juzga en Cádiz por si fuera constitutivo de algún tipo de irregularidad.
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Estos dos testigos, llamados ayer, son miembros de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca), última de las entidades que ofreció este tipo de formación remunerada que permitía a los exempleados de la extinta compañía Delphi que no encontraban trabajo percibir un salario mensual y cotizar a la Seguridad Social mientras duraron los mencionados cursillos.
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En 2013, un año después de que acabara esta formación, la Inspección de Trabajo alertó de que había irregularidades en el mecanismo de contratación, en un informe en el que advirtió que «un desempleado no puede recibir un sueldo que suponga cotización y posible percepción de un posterior subsidio por desempleo por asistir a un curso formativo».
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Por ello se consideró que había habido en este caso una simulación de contrataciones y el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) sancionó a las fundaciones y empresas que impartieron esta formación, activada en el año 2009 para los exempleados de Delphi que habían agotado el subsidio por desempleo y seguían sin encontrar un trabajo.
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Entre ellas estaba Fueca, a la que se le reclamó que devolviera las cantidades aportadas en estas contrataciones. En total 6.250 euros por cada trabajador que había seguido la formación en esta institución, lo que sumó más de dos millones de euros. Agotadas las vías administrativas para recurrir esta sanción, Fueca acudió a la vía penal, con una demanda en la que alegó que en el sistema de contratación que se estableció intervinieron los representantes sindicales, los extrabajadores y la Junta de Andalucía, por lo que entendía que eran los actores y responsables de este posible fraude.
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El juicio por esta demanda arrancó el lunes con los trámites previos aunque fue ayer cuando comenzaron las vistas, comparecencias y declaraciones en el juzgado de lo Social número 3 de Cádiz.
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En esta primera sesión declararon varios testigos: dos extrabajadores, un representante sindical y dos miembros de Fueca que intervinieron en las negociaciones o comunicaciones sobre la ejecución de esta formación.
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En la sesión no han comparecido los exresponsables de la Consejería de Empleo que intervinieron en este proceso, según las fuentes jurídicas.
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Antonio Montoro, representante de UGT de este colectivo, ha explicado a EFE que ha declarado en el juicio «la verdad»: que los sindicatos «en ningún momento» participaron en determinar qué tipo de contratación se hacía a los exempleados por esta formación remunerada.
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«Nosotros colaborábamos para que la formación fuera bien, pero nunca en los criterios técnicos de cómo se establecía la financiación o la contratación, era la Junta de Andalucía la que establecía esos criterios», añadía el sindicalista.
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Visto para sentencia
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El juez ha acordado que las partes entreguen por escrito sus conclusiones sobre esta demanda, para, una vez recibidas, dictar sentencia, con lo que se ha suspendido la sesión prevista para el próximo viernes que iba a estar dedicada a este trámite.
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