Por primera vez, familiares de personas dependientes y auxiliares del SAD se unen para denunciar la grave situación del servicio de atención domiciliaria. Esta crisis surge cuando el negocio prevalece sobre el trato humanitario y el servicio social.
Un claro reflejo de la problemática evolución del servicio de atención a la dependencia en Andalucía lo representa el ayuntamiento de Sevilla. La entrega del servicio de atención en domicilio a empresas constructoras como SACYR lo convierte en un mero instrumento de lucro, descuidando tanto a las trabajadoras del SAD como a las personas dependientes.
Las trabajadoras del SAD SACYR enfrentan situaciones diarias complicadas: no se les refleja el tiempo de desplazamiento ni el desayuno en los cuadrantes de turnos, enfrentan irregularidades en salarios, nóminas incompletas y problemas con el IRPF. Además, la empresa no atiende los teléfonos para emergencias o incidencias, dejando a las auxiliares en desamparo.
Las personas dependientes experimentan constantes cambios de auxiliar, lo que resulta especialmente problemático para quienes padecen demencia o Alzheimer. Estos cambios frecuentes desestabilizan mentalmente a los dependientes y complican la rutina de los familiares. Hay días en que no se presta el servicio sin ninguna explicación, y aún así, empresas como SACYR cobran por él. Las confusiones y la falta de comunicación son constantes.
CGT no puede seguir consintiendo que las empresas privadas se aprovechen de las personas dependientes en Andalucía. Es inaceptable que estas entidades vean a las personas dependientes como una fuente inagotable de negocio y se beneficien con dinero público, maltratando a personas vulnerables y a las auxiliares del SAD.
Desde CGT, se trabaja en unificar a las familias afectadas y a las trabajadoras del SAD. El objetivo es enfrentarse conjuntamente a las Administraciones locales, diputaciones y Junta de Andalucía. Se exige que el servicio se preste directamente desde lo público, sin intermediarios que busquen lucro. Los servicios sociales de atención a la dependencia deben centrarse en el bienestar de las personas, y no en ser una fuente de ingresos para empresas que se benefician del dinero público de la ciudadanía andaluza.
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