La Federacion Provincial de CGT Huelva ha solicitado a la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Huelva que abra investigaciones por el posible delito de Prevaricacion, asi como por presunta Alteracion en el precio de las cosas. De demostrarse los hechos, la Presidenta de MAS, Laura Pichardo Romero, el Director Ejecutivo de GIAHSA, Manuel Dominguez Limon y Juan Ignacio Tomico Santos, Gerente de GIAHSA serian los presuntos maximos responsables. Tambien se incluye en la denuncia como corresponsables por las presuntas decisiones tomadas colegiadamente al resto del Consejo de Administracion de GIAHSA.
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Las penas previstas por los delitos denunciados por CGT Huelva de demostrarse, incluirian penas de carcel de 6 meses a 6 anos en el caso de la Manipulacion en los precios, y de Inhabilitacion Especial de 9 a 15 anos por el de Prevaricacion. El sindicato espera que la Fiscalia, ante la gravedad de los hechos denunciados decida llevar a cabo las investigaciones pertinentes y aclare los hechos.
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Se denuncia que presuntamente desde los responsables de MAS y de la empresa publica de GIAHSA se ha cometido una presunta prevaricacion al no someter los precios establecidos por GIAHSA al preceptivo control de la Junta de Andalucia lo cual, y segun se concluye de las investigaciones realizadas por CGT, podria haber llevado a la empresa publica a elevar los precios sin control de forma que habria impuesto a los usuarios precios mucho mas elevados de los que legalmente corresponderian, con el perjuicio que eso conlleva de cara a mantener los contratos con los diferentes ayuntamientos y consiguientemente la viabilidad de la empresa.
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La otra cuestion que presuntamente se ha producido ha sido la elevacion ilegal de los precios, hasta mas del 50% del precio que los usuarios deberian pagar en algunos de los conceptos establecidos en la cuota fija de la factura. Algo que actualmente esta provocando reclamaciones publicas por parte de muchos usuarios afectados en municipios asociados a MAS y para los que GIAHSA como empresa instrumental presta servicio. La politica de precios resultante de estas dos presuntas practicas dan como resultado que cada vez mas pueblos decidan pedir la salida de la MAS, algo que sumado a una gestion nefasta de la empresa publica que se resume en una deuda de 136 millones de Euros y una de las tarifas mas caras del agua, hacen peligrar la supervivencia de la empresa.
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Por estos motivos se solicita la intervencion judicial de la empresa, a fin de que los trabajadores y trabajadoras no sufran las consecuencias de estas presuntas practicas delictivas que podrian estar llevandose a cabo desde hace anos. No se entiende que se esten destinando cientos de miles de euros de los presupuestos publicos de MAS en pagar a los grupos politicos pertenecientes a MAS por llevar a cabo una labor de gestion y que despues se puedan justificar estos hechos en base al simple desconocimiento. En concreto hablamos de que en los presupuestos de 2019 se preve una cifra anual por aportacion a Grupos Politicos de 600.000?, que en anos anteriores son similares.
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La Federacion de CGT Huelva en su labor de proteger los derechos de los y las trabajadoras de la empresa, seguira atenta a todas las posibles irregularidades que se puedan encontrar en GIAHSA y MAS para tratar de conseguir que la empresa siga siendo viable por si misma como empresa publica. Seria necesaria la intervencion de las autoridades judiciales para verificar que no se utiliza el capital de la empresa de aguas en una presunta financiacion irregular de Ayuntamientos o Partidos Politicos. Algo que tras la investigacion de los hechos denunciados, debiera llevarse a cabo.
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CGT Huelva, apoyada desde todas las instancias organicas del Sindicato, va a solicitar que, ante la gravedad de los presuntos hechos denunciados, la fiscalia actue contundentemente y se le reclama llegar hasta sus ultimas consecuencias.
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