JAVIER RODRÍGUEZ
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CÁDIZ27/11/2017 21:14hActualizado:27/11/2017 23:43h
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La Justicia marca sus propios tiempos. La instrucción del 'Caso Bahía Competitiva', el mayor fraude en ayudas públicas conocido en la provincia, regresa con fuerza esta semana al juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, donde su titular, la juez Lourdes del Río, toma declaración a los últimos investigados y testigos de esta compleja trama que se hizo con casi 24 millones de euros procedentes de los planes de reindustrialización abiertos por el Ministerio entre 2009 y 2010 en favor de Cádiz, cuna del paro nacional.
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La titular del juzgado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, citó este lunes a un notario y a varios testaferros que, supuestamente,facilitaron las operaciones mercantiles para evadir las subvenciones a paraísos fiscales. Sin embargo, la declaración estrella de la semana se espera, precisamente, para este martes cuando aparezca en el juzgado el supuesto cerebro de la red, el empresario gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña, el único de los investigados que pisó la cárcel en 2011.
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LA VOZha podido saber que las declaraciones que se llevarán a cabo hasta el miércoles tratan de esclarecer el destino de los 24 millones de euros que aún reclama el Ministerio de Industria por inversiones que nunca se hicieron en Cádiz.
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Cabe recordar que este fraude, detectado en abril de 2011 tras requerir Industria la justificación de 14 millones de euros en subvenciones,obligó en 2012 a endurecer las reglas del juego para conceder nuevas ayudas públicas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz. A partir de entonces, la Administración central obliga a los aspirantes a presentar avales bancarios para hacerse con un pellizco de estas ayudas y, además, ha reducido las competencias de la Diputación de Cádiz para la baremación de los proyectos empresariales que optan a ellas.
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La Justicia trata de localizar 24 millones en ayudas públicas que se esfumaron entre 2009 y 2010
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Todo apunta a que la instrucción del caso se encuentra en su último tramo y el retraso en las actuaciones judiciales al respecto ha sido fruto del atasco por los casos de corrupción que tramita la justicia. El dinero del caso Bahía Competitiva no ha aparecido. El fiscal trató este lunes de ahondar en las escrituras mercantiles que firmó el notario madrileño Juan Díaz y que, supuestamente, facilitaron el blanqueo de capitales, sin embargo, el notario no apareció por el juzgado. La juez sí tomó declaración a los interventores de los bancos desde donde operaba Ouviña.
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Las once personas que acudirán durante estos tres días a los juzgados de San José no son nuevos en estas actuaciones. Ya en junio de 2013 fueron señalados por el equipo de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla. Pero según indican fuentes de la investigación, algunos habían sido detenidos pero no habían pasado por sede judicial. Ha sido un escrito de la Fiscalía Anticorrupción gaditana la que ha rescatado estos nombres, solicitando su citación como investigados y testigos .
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Todos ellos están relacionados con la familia Arespacochaga, supuesta beneficiaria en último extremo de unas ayudas que tenían como fin la instalación de empresas en la Bahía gaditana. Siete de ellos están investigados por haber ejercido como testaferros de esta acaudalada familia empresarial, de la que tres de sus integrantes están en estos momentos investigados: Joaquín Arespacochaga, su hijo Juan y su tío Fernando. Su nombre aparece al frente de algunas de las empresas, con sede social en paraísos fiscales, donde acabaron evadiéndose los fondos públicos.
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Desvío a paraísos fiscales
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La octava persona que ha sido citada, pero que no ha acudió ayer, ha sido Juan Díaz, un notario de Madrid, que dio el visto bueno a las operaciones mercantiles mediante las cuales se enmascaró el desvío ilícito de dinero. En su despacho se habrían firmado operaciones fraudulentas de ampliación de capital y transmisiones por importe superior a 20 millones de euros.
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Según consta en las actuaciones, el fraude se articuló a través de una estructura compleja de ingeniería financiera. Las empresas que solicitaban las ayudas públicas eran vendidas a sociedades con sede en Luxemburgo que, semanas después, solicitaban ampliaciones de capital. De tal manera que los especialistas en blanqueo de la Policía Nacional se encontraron con un entramado societario de centenares de empresas, erradicadas en paraísos fiscales y donde ha sido imposible encontrar el rastro de parte de los fondos defraudados.
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De 2013 a 2014 pasaron por los juzgados de San José más de una docena de investigados por el fraude
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El 'Caso Bahía Competitiva' estalló en la primavera de 2011 y llegó a los juzgados a finales de ese año tras exigir Industria un justificante y denunciar la Junta un presunto fraude. El 3 de noviembre de 2011 agentes de la UDYCO detienen en la localidad de A Pobra, en la costa coruñesa, pa Manuel Alejandro Dávila Ouviña. En verano de ese año, el BOE hizo pública la resolución del Ministerio de Industria por la cual se ordenaba el reintegro de 14,5 millones de euros concedidos a tres empresas en el marco del Plan Reindus para la creación de actividad empresarial y empleo en la Bahía de Cádiz.
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Las tres sociedades que solicitaron ese paquete de ayudas públicas venían del brazo de Ouviña, que no tuvo éxito con la administración gallega y que, sin embargo, logró convencer a los responsables de canalizar esas subvenciones en Cádiz. Le otorgaron ese dinero en las convocatorias de 2009 y 2010 y también para que once empresas suyas volvieran a probar suerte al año siguiente.
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La detención de Ouviña y de siete personas más en noviembre de 2011 fue solo la primera parte de una investigación que nació en abril, cuando la Junta acudió a la Fiscalía de Sevilla para denunciar un posible fraude en las ayudas a la reindustrialización. Ouviña había presentado un aval bancario falsificado entre los documentos para solicitar las ayudas de 2011. Además, rastreando en los proyectos del gallego, la Administración autonómica comprobó que tres de sus sociedades (Cádiz Solar, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales) habían incumplido sus intenciones de abrir empresas que se deberían dedicar a la construcción de acumuladores eficientes, a la reutilización de los restos del sector pesquero y a la monitorización de la calidad del agua. Recibieron 14 millones en ayudas sin tener actividad.
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La juez toma declaración a los interventores bancarios donde Ouviña operaba con sus cuentas
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Tras ordenarse las detenciones y registros y acordarse el envío a prisión de Ouviña y de un empleado suyo, las actuaciones fueron derivadas al juzgado nº 4 de Cádiz, donde aún se instruye la causa.
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Ouviña ya se había hecho con contactos en la Administración andaluza en 2009 y anunció en Carboneras (Almería) un proyecto innovador para el cultivo intensivo de pulpos. La Junta remitió en su día un comunicado anunciando la inversión de 30 millones que la sociedad del emprendedor gallego (Aquasystemas, Acuicultura y Medio Ambiente) pretendía hacer en esa zona y la creación de 100 puestos de trabajo que nunca llegaron a nacer. Uno de los sitios donde acudió la Policía para recabar información es al restaurante de Zahara de los Atunes donde fijó Ouviña la mayoría de las sedes sociales de sus empresas.
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Red de apoyos
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La gran incógnita de la investigación es si Ouviña actuó solo o, por el contrarío, contó con una red de apoyos montada desde la Diputación de Cádiz, la Junta y empresarios. El pufo detectado le costó el puesto al gerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, quien públicamente reconoció que Ouviña le había engañado.
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Este caso de corrupción, ha salpicado a 31 personas, entre ellas políticos gaditanos y cargos de la Junta. El fraude tiene tres partes bien diferenciadas y es ahora cuando la instrucción aborda la tercera de ella, la que indaga el destino final del dinero público.
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En la primera, la Policía Nacional investigó al grupo de empresarios que había concurrido a las convocatorias del Plan Reindus para la obtención de las ayudas. En el centro de esta primera fase, el gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña, detenido al inicio de la investigación y el único que ha pasado por la cárcel.
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El trabajo policial ha salpicado a políticos, altos cargos de la Junta y de Diputación y a empresarios
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La segunda parte se centró en la presunta connivencia de funcionarios de la Diputación de Cádiz y cargos públicos de la Junta. Durante su desarrollo pasaron por el juzgado gaditano desde un expresidente de la Diputación (PSOE), Francisco González Cabaña, hasta tres exconsejeros de la Junta: Vallejo, Martín Soler y Antonio Ávila. Todos como testigos.
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Pero también hay investigados que fueron o son cargos públicos de la Administración andaluza como la exdelegada de Innovación en Cádiz, Angelines Ortiz, o la gerente provincial de la Agencia IDEA, Rosa Mellado.
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Altos cargos de la Junta pasaron en 2014 para declarar. Tres exconsejeros y una exdirectora de Empleo-A. V.
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