Esta situacion de pandemia de COVID-19 esta dejando al descubierto que la salud y seguridad de las personas trabajadoras NO importa ni a la inspeccion medica, que hace primar los intereses de las empresas, la economia del capitalismo sobre el derecho individual a la salud laboral.
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Como ejemplo, en la provincia de Malaga, al menos dos trabajadoras de la S.M.E de Correos y Telegrafos S.A, con serias patologias y alto riesgo para su salud en caso de contraer la COVID-19, han sido dadas de alta por la inspeccion medica del servicio publico de salud y obligadas a exponerse en los centros de trabajo al letal contagio.
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Esa inhumana postura esta limitada por parte del Ministerio de Sanidad, motivo por el que dichas companeras habian sido consideradas, desde un primer momento, como personas de alto riesgo, debido a padecer una enfermedad inmunodepresora y un cancer de mama en tratamiento, respectivamente. Patologias que determinan una proteccion especial y, por tanto, el aislamiento de la persona que lo sufre, segun protocolo publicado. Algo logico al ser trabajadoras con un porcentaje mayor de complicaciones, incluso de posible mortalidad, en caso de ser infectadas por la COVID-19, cuestion que poco parece importar a la Inspeccion medica que ha determinado que ambas empleadas de Correos deban volver a sus respectivos puestos de trabajo, emitiendo el parte de alta correspondiente.
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La Inspeccion medica desprecia no solo a estas trabajadoras, que no son casos aislados, sino que ademas no tiene en cuenta que el colectivo de trabajadores/as de la empresa Correos es el segundo en numero de personas afectadas y contagiadas por el coronavirus a nivel estatal, tras el sanitario, alcanzando casi el millar. Igualmente no tiene en cuenta que Correos se ha caracterizado durante la pandemia, por obligar a los trabajadores/as a desarrollar sus funciones sin mascarillas, geles hidroalcoholicos ni guantes, amenazando ademas con posibles expedientes a aquellos que pusieran en duda trabajar sin medidas de proteccion.
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Aunque las trabajadoras afectadas por las injustificadas altas medicas las han impugnado, dado que persiste no solo el estado de alarma sino el riesgo de contagio por su hipersensibilidad, desde CGT, no podemos dejar de denunciar publicamente las actuaciones de la Inspeccion medica que prioriza los intereses de las empresas y el capital sobre la salud de quienes, conforme a las prescripciones del Ministerio de Sanidad, deben permanecer en aislamiento social para preservar su salud y su vida.
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Las dos trabajadoras referidas estarian dispuestas a facilitar toda la informacion sobre su situacion medica y la actuacion de la Inspeccion sanitaria contra ellas.
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