Una manifestación recorre las calles de Granada reivindicando unos Servicios Públicos dignos y estables, durante la huelga del Sector público.

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Desde hace muchos años hemos estado asistiendo a la precarización del empleo público en las administraciones Estatal, Autonómicas y Local así como en las empresas públicas. Cientos de miles de trabajadoras y trabajadores han ido encadenando contratos eventuales e interinos durante años, llegando a situarse el número en 800.000 personas. Esta irregularidad ha movido a la Unión Europea a requerir de las entidades públicas la reducción del porcentaje de puestos cubiertos provisionalmente. Desafortunadamente las diferentes administraciones han decidido optar por estabilizar algunos puestos de trabajo pero no a su personal, trabajadoras y trabajadores que han demostrado durante años su alta capacidad para desempeñar estos puestos. Esto es injusto por desdeñar la labor realizada durante años por este personal, que además va en detrimento de la calidad de los servicios públicos, servicios de todas y todos.

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En la CGT, que siempre hemos luchado por unos servicios públicos de calidad y defendido al personal temporal, convocamos Huelga General en el Sector Público de toda Andalucía para este viernes 28 de mayo y que tiene como objetivos entre otros:

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    Consolidación fija en sus puestos de trabajo de las personas que han sufrido abuso de la temporalidad y/o fraude en la contratación.

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    Recuperación/creación de todas las plazas de empleo público pérdidas durante los últimos años.

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    Defensa de los Servicios Públicos y de lo común con dotación de inversiones y personal suficiente, cese de las privatizaciones e internalización de lo externalizado o privatizado.

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    Medidas para acabar con la precarización del empleo público y conseguir la ampliación de los puestos de trabajo y Servicios Públicos para que sean universales y de calidad.

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    Establecimiento de sanciones severas, que deberán abonar con patrimonio privado, e inhabilitación para el desempeño de cargo público contra quienes como gestores del ámbito público utilicen contratación en fraude de ley y/o contrataciones temporales para puestos estructurales.

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    Realización de OEP en todo el ámbito público para ofertar las vacantes que queden tras la consolidación de las plazas cubiertas con interinidades o con contratos indefinidos no fijos en abuso de temporalidad y/o fraude. 

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