CGT ha presentado demanda de impugnación contra el ERE de Glovo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, al considerar que la empresa no ha acreditado las causas que justificarían el despido colectivo de cerca de 500 personas trabajadoras.
La organización sindical sostiene que, durante el proceso negociador, la empresa no aportó documentación suficiente ni pruebas que permitieran verificar la necesidad real de una medida de tal magnitud. A juicio de CGT, las causas alegadas por Glovo se han aceptado sin el respaldo documental necesario para justificar la destrucción de cientos de puestos de trabajo.
Uno de los principales argumentos utilizados por la empresa es la supuesta necesidad de reorganizar la actividad mediante la externalización y subcontratación de servicios. Sin embargo, CGT denuncia que Glovo no ha demostrado que este modelo sea más eficiente o más económico que la gestión directa de la actividad con plantilla propia.
La empresa tampoco ha facilitado información suficiente para comprobar qué actividades realiza directamente y cuáles son derivadas a empresas externas, ni ha acreditado de qué manera esta reorganización justificaría los despidos planteados.
Desde CGT se considera especialmente preocupante que algunos sindicatos decidieran respaldar el acuerdo sin que las causas alegadas hubieran sido acreditadas ni se aportaran pruebas suficientes. Hacerlo supone asumir que la plantilla de Glovo es más cara e ineficiente que la de las empresas subcontratadas, algo que la empresa no ha demostrado en ningún momento.
La organización sindical recuerda además la trayectoria judicial de Glovo en materia laboral, marcada por numerosas resoluciones que han reconocido los derechos de las personas repartidoras y han rechazado las tesis empresariales sobre su modelo de contratación.
Para CGT, este ERE no puede analizarse al margen de la creciente externalización de la actividad, una estrategia que puede servir para sustituir empleo directo por empleo gestionado a través de empresas intermediarias. En determinados supuestos, esta situación podría incluso derivar en conflictos relacionados con la cesión ilegal de trabajadores.
Por todo ello, CGT ha solicitado ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la nulidad del ERE o, subsidiariamente, que sea declarado no ajustado a derecho por carecer de causas suficientemente acreditadas.
La organización continuará informando a la plantilla y a la opinión pública sobre la evolución del procedimiento judicial.
