El pasado viernes, 31 de enero, CGT Andalucía salió nuevamente a la calle para denunciar la grave situación de la siniestralidad laboral en nuestra comunidad. La concentración tuvo lugar a mediodía frente a la mutua ASEPEYO en Jerez de la Frontera, en la C/ Lealas n.º 43, siguiendo la convocatoria habitual de cada último viernes de mes impar. Con el lema «BASTA DE TERRORISMO PATRONAL», esta protesta da continuidad a las movilizaciones que CGT Andalucía viene realizando desde hace cuatro años.
La siniestralidad laboral sigue cobrándose vidas e invalidando a personas trabajadoras, y desde CGT no podemos quedarnos callados ante esta lacra que genera terror en la clase trabajadora y bate récords de inseguridad. Los datos de 2024 son escalofriantes: más de 106.000 accidentes de trabajo en Andalucía, con un aumento superior al 6% respecto a 2023, 121 muertes en el tajo y un número indeterminado de incapacidades laborales derivadas de accidentes, debido a la ocultación de cifras reales y la labor de encubrimiento que ejercen las mutuas, actuando como mercenarias de la medicina en lugar de como verdaderos servicios de prevención para la clase trabajadora. Cádiz, con 20 fallecimientos, se sitúa como la provincia andaluza con más muertes en el trabajo en lo que va de año.
La frialdad de los números demuestra que la clase trabajadora andaluza sufre una auténtica plaga de accidentes laborales. En cualquier otro contexto, con semejantes cifras de afectados, estaríamos hablando de terrorismo. Sin embargo, este drama se perpetúa con total impunidad, al considerarse una forma más de rotación laboral, donde las personas fallecidas o invalidadas son simplemente sustituidas con nuevos contratos, sin que se apliquen medidas efectivas para garantizar la seguridad en el trabajo.
Desde CGT Andalucía reiteramos nuestra denuncia ante la impunidad empresarial, la complicidad de las mutuas y la ineficiencia de la Inspección de Trabajo, que sigue sin castigar con rigor a los empresarios que consideran la prevención de riesgos y la seguridad laboral como un coste prescindible, en lugar de una obligación fundamental para preservar la vida y la salud de las personas trabajadoras.
Seguiremos en la calle porque la vida de la clase trabajadora está en juego. La precariedad mata, pero la organización y la lucha conjunta salvan vidas y evitan tragedias.
