Ante la escalada imparable del precio de la vivienda en España y en nuestra tierra, Andalucía, la Confederación General del Trabajo (CGT-A) denuncia con la máxima contundencia la grave situación de emergencia habitacional que está condenando a la pobreza y la exclusión social a miles de trabajadores y trabajadoras.
Los datos son abrumadores y escandalosos. A nivel estatal, el precio medio de la vivienda ha alcanzado los 2.093 euros por metro cuadrado, rozando los niveles máximos históricos de la burbuja inmobiliaria de 2008. En Andalucía, lejos de ser una excepción, los precios se han disparado hasta situarse en torno a los 2.539 euros por metro cuadrado, con focos de auténtica locura especulativa como Málaga, donde el precio supera los 4.200 euros el metro cuadrado. Este encarecimiento no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de un mercado desbocado, dominado por la especulación financiera y la ausencia de políticas públicas efectivas que prioricen el derecho a la vivienda sobre el lucro.
Este alza descontrolada no solo impide a las familias obreras acceder a la propiedad, sino que también ha convertido el alquiler en una trampa insostenible. Los salarios, congelados o aumentando a un ritmo ridículo frente a la inflación, son devorados por los recibos del alquiler, que en muchas ciudades andaluzas superan con creces el 40% e incluso el 50% de los ingresos mensuales. Miles de personas, con empleo y cotizando, son pobres porque no les llega para pagar un techo digno. Son los «trabajadores y trabajadoras pobres», una vergüenza social que este sistema económico ha normalizado. Ese es el verdadero problema de la vivienda en este país, no la “oKupación” como quiere hacernos ver el capital y las derechas políticas.
La cara más cruel de esta crisis es el repunte de los desahucios. Mientras las hipotecas se firman a un ritmo frenético, impulsadas por tipos de interés que, aunque bajos, no compensan la subida de precios, las familias más vulnerables son expulsadas de sus hogares. En el primer trimestre de 2025, Andalucía registró 1.125 desahucios, un aumento del 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra, que representa más de 12 desahucios al día, es un grito desesperado que las instituciones no pueden seguir ignorando. Cada desahucio es una tragedia humana, un fracaso del Estado y un triunfo de la codicia de los fondos buitre y los grandes propietarios.
La excusa del «déficit de vivienda» es utilizada por el lobby inmobiliario para justificar los precios abusivos, pero esconde una verdad más incómoda: existe una enorme cantidad de viviendas vacías, acaparadas por inversores que esperan multiplicar su capital, mientras familias enteras se hacinan en pisos insalubres o se ven obligadas a compartir habitaciones a precios exorbitantes. La vivienda se ha convertido en el activo financiero preferido, un refugio para el capital especulativo que huye de otros mercados, y las administraciones públicas, lejos de combatirlo, lo fomentan con políticas de beneficio fiscal para promotores y grandes tenedores.
CGT Andalucía rechaza cualquier medida que no ataque el problema de raíz. Las leyes autonómicas anunciadas para 2025, aunque contengan algunas medidas de protección, son claramente insuficientes si no van acompañadas de una apuesta masiva, urgente y decidida por la vivienda pública y social de alquiler permanente y asequible. La prórroga de la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables hasta finales de 2025 es una medida necesaria pero paliativa; no resuelve el problema estructural.
Exigimos:
- Paralización inmediata de todos los desahucios sin alternativa habitacional digna.
- Una moratoria total sobre los desahucios por impago de alquiler y hipoteca.
- Una subida de impuestos a las viviendas vacías y a las segundas y terceras residencias para desincentivar la especulación.
- La expropiación temporal, con justa indemnización, de las viviendas vacías de grandes tenedores para su uso como vivienda social.
- Una inversión masiva del Estado y la Junta de Andalucía en la construcción de vivienda pública de alquiler social permanente, con precios vinculados a los ingresos de las familias.
- La limitación de los precios máximos de alquiler en zonas tensionadas, con controles efectivos.
No vamos a permitir que el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se convierta en papel mojado. La vivienda no es un lujo, es una necesidad básica. Llamamos a toda la ciudadanía, a los movimientos sociales y a los sindicatos a movilizarse. ¡Basta de especulación! ¡La vivienda es un derecho, no un negocio! ¡Por una Andalucía donde nadie tenga que elegir entre pagar el alquiler o poner comida en la mesa!
CGT Andalucía
Septiembre de 2025
