Sebastián Oliva fue uno de los sindicalistas de los que no se supo más tras la Guerra Civil. Sus nietos recurren a la justicia argentina para que se reconozca que fue asesinado.
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La familia del que fuera líder sindicalista Sebastián Oliva pidió ayer justicia para su memoria en el Consulado de la República Argentina -en Cádiz-. Los familiares se sumaron a la querella abierta por la juez Servini en Buenos Aires para que se reconozca a este jerezano, que al parecer fue fusilado el 19 de agosto de 1936, y otros compañeros como víctimas del franquismo -y no como desaparecidos de la Guerra Civil española ocho décadas después-. Se trata del primer caso conocido de una familia de Jerez que se persona y declara en la querella argentina para restaurar la memoria de las víctimas de este periodo.
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Sebastián Oliva fue uno de los personajes más representativos del panorama sindical de la época: llegó a presidir la Federación Nacional de Obreros Agricultores y dirigió el periódico 'La Voz del Campesino', cuyo lema principal fue 'La tierra para el que la trabaja'. Por ello, era un claro objetivo del bando golpista, que no paró hasta encontrarlo lejos de su casa, situada por entonces en la calle Cruces de Jerez. Oliva decidió refugiarse en una viña fuera de la ciudad en julio de 1936, cuando las fuerzas del franquismo andaban inmersas en su busca y captura. Un mes después, la Guardia Civil consiguió localizarlo en su escondite tras muchos esfuerzos. El plan urdido entre los guardias y los falangistas fue seguir a su hijo Eliseo, que por aquel entonces tan solo era un niño y le llevaba víveres a su padre para que pudiera subsistir. Sería Eliseo la última persona de la familia que vería a Sebastián con vida, pues a partir de entonces solo se sabe por transmisión oral que el líder sindicalista fue fusilado el 19 de agosto de 1936. Oficialmente, 'desapareció'.
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Ahora la familia Oliva sigue pidiendo que se le reconozca como una de las víctimas del franquismo. En el consulado argentino, su nieta Carmen aportó ayer toda la documentación necesaria para ello y realizó una declaración verbal en la que narró la vida del destacado componente de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Después de salir del consulado, Carmen García Oliva dejaba claro que no quería venganza, ni remover el pasado, tan solo aclarar que su abuelo, Sebastián Oliva, no había desaparecido, sino que fue fusilado hace ocho décadas: “Yo tengo muchas esperanzas puestas en este proceso y pienso y espero que, al menos, se reconozca lo que él hizo. Que se rehabilite su memoria y se diga por qué lo mataron. Que sea reconocido como un crimen y no como una desaparición, eso es lo que yo quiero”. Lo mismo solicitaron desde la federación local del sindicato CNT. Francisco José Cuevas Noa compartía la visión de los familiares: “Que se restablezca la memoria de este señor y se incluya en el Registro Civil que fue asesinado y se encuentren o investiguen dónde están sus restos para que la familia pueda darle un entierro digno. En fin, lo normal que se hace con cualquier persona que fallece. Todo eso que no se ha podido hacer todavía en España”.
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El hecho de que sea la justicia argentina la que tenga que juzgar los crímenes del franquismo y no se encargue de ello la española es algo ilógico que no entienden desde la CNT. “El hecho de que haya que ir al Consulado de Argentina en 2016, 80 años después del inicio de la Guerra Civil, es una vergüenza. Que la familia para que se haga 'justicia' tenga que recurrir a la justicia argentina… Aquí, por la ley de amnistía de 1977, no se permite investigar y juzgar estos crímenes. Menos mal que la jueza Servini está actuando conforme a derecho internacional, donde se estipula que los delitos de lesa humanidad y genocidio no prescriben. Y esos son unos papeles que ha firmado España”, explicaba Franscisco José Cuevas Noa. Desde la familia, Carmen García Oliva afirmaba: “El hecho de que no actúe -la justicia de España- es una pena. Que haya que hacer esto es triste. Pero que no crea nadie, como he leído en muchas otras ocasiones, que nosotros queremos venganza o reavivar el pasado. Yo tengo amigos que piensan diferente a mí y lo único que quiero es que se reconozca lo que pasó, eso es todo. Que se cataloguen las cosas como son, que eso no es venganza ni remover el pasado. Eso es un reconocimiento y se acabó”.
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Una vez obtenido este reconocimiento, los familiares aseguran que no quieren nada más y se terminará el proceso. “Yo pienso que sí, cuando se reconozca ya no hay nada más que hacer”, afirmaba García Oliva, que mostraba su tristeza porque la hija de Sebastián no verá el fin de la lucha: “Es una pena que mi madre no pueda ver esto”.
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Este es el primer caso conocido de una familia jerezana que declara ante la justicia argentina en esta querella, aunque no se trata de la única. En la segunda quincena del mes de septiembre, una nieta y su abuelo de 90 años acudirán a este mismo consulado a denunciar la 'desaparición' de otros dos jerezanos: Juan Máximo Salazar y Carmen Gonzoa. Son los padres de este hombre de avanzada edad, que pedirá respeto para la memoria de sus progenitores, ambos maestros de profesión y también pertenecientes al sindicato CNT que fueron asesinados durante la Guerra Civil.
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