La Fiscalia Superior de Andalucia va a investigar las contrataciones expres realizadas en las ultimas semanas por la Junta de Andalucia. El objetivo es esclarecer si los procesos de contratacion de cientos de interinos de diversas categorias (administradores generales, tecnicos de pesca o conservadores de patrimonio, entre otros) incurren en posibles delitos. En el Decreto de Apertura fechado el pasado 5 de agosto, la Fiscalia Superior de Andalucia (con sede en Granada) anuncia la incoacion de diligencias de investigacion penal, despues de la denuncia formulada por CGT.
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La investigacion que va a iniciar la Fiscalia a peticion del sindicato se une a los procedimientos abiertos ante los juzgados de lo contencioso-administrativo a instancias del PSOE y Comisiones Obreras, que buscan paralizar estas convocatorias y sus efectos. Tambien a la denuncia de Adelante Andalucia ante la camara de cuentas. Todos cuestionan el mecanismo seguido por la Junta de Andalucia para contratar a cientos de funcionarios interinos. La administracion se ha amparado en un acuerdo suscrito con los sindicatos en pleno estado de alarma para realizar mas de una treintena de convocatorias en las ultimas semanas, con las que esta cubriendo puestos de todo tipo.
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Este tipo de convocatorias se realiza sin anuncio previo, exige la presentacion de la candidatura en 24 horas y selecciona a los candidatos por riguroso orden de presentacion. Los primeros en presentar la solicitud son seleccionados. El procedimiento exige que las convocatorias se realicen despues de agotar las bolsas de especialidades. Sin embargo, este medio publico que en casi todas ellas hay candidatos “disponibles”. De la misma forma, aunque la norma que ampara este procedimiento expres recoge que se seleccionara a “las personas mas idoneas para el desempeno de los puestos convocados”, el criterio ha sido unicamente el de la rapidez en la presentacion de la solicitud.
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Ademas, las convocatorias excluyen por sistema a mayores de 60 anos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y a personas vulnerables por sufrir una amplia gama de enfermedades cronicas, que van desde la diabetes a la hipertension, pasando por el VIH, por ser personas vulnerables al coronavirus. Todo ello, a pesar de que los puestos ofertados no permiten suponer una exposicion especial a ningun riesgo.
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Denuncia de CGT ante la Fiscalia
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Segun CGT, este tipo de convocatorias supone una “flagrante violacion de derechos constitucionalmente protegidos”, en perjuicio del personal de la bolsa unica, de quienes llevan anos como interinos o de los grupos excluidos. “La Junta ha cambiado la igualdad, merito y capacidad para acceder a la funcion publica por primar el supuesto orden de llegada de la solicitud, sin que haya posibilidad alguna de control, abriendose una via flagrante al enchufismo”, denuncia el sindicato.
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CGT incide en su denuncia en la “discriminacion directa” de la que serian objeto los colectivos excluidos de estas convocatorias. A su juicio, este sistema podria implicar la comision de un delito contra los trabajadores del articulo 314 del Codigo Penal, que castiga con penas de prision de seis meses a dos anos o multa a “los que produzcan una grave discriminacion en el empleo, publico o privado, contra alguna persona por razon de su ideologia, religion o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nacion, su sexo, orientacion sexual, situacion familiar, enfermedad o discapacidad”.
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El sindicato tambien observa un posible delito de prevaricacion. “Excluir del acceso en el empleo publico a determinados colectivos no responde a ningun criterio racional y fundamentado, resulta abiertamente contrario a las normas expresadas y generan un dano colectivo e individual efectivo, en el ambito social y laboral”.
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Una bolsa “mientras dure” la emergencia sanitaria
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El Gobierno andaluz sigue defendiendo y publicando este tipo de convocatorias. Los sindicatos y los expertos consultados dudan de su legalidad, por suprimir los principios constitucionales de acceso a la funcion publica y por ser discriminatorias. La oposicion y los sindicatos ven en el sistema una via abierta al enchufismo.
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Su origen esta en un acuerdo con los sindicatos para cubrir puestos en primera linea contra el coronavirus (en centros sociosanitarios o residencias) durante el estado de alarma. Despues, se extendio la posibilidad al “estado de emergencia sanitaria”.
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En esto se ampara la Junta de Andalucia para seguir realizandolas, tambien para puestos que no guardan relacion aparente con la lucha contra la pandemia. La administracion justifica la exclusion de los colectivos de riesgo en un supuesto intento de protegerlos, aunque obviamente emplea a decenas de miles de trabajadores publicos en estas situaciones a los que permite el teletrabajo. Segun los datos recabados por este diario, hay 35.168 funcionarios o laborales que teletrabajan por pertenecer a los colectivos a los que ahora se excluye de estas convocatorias de urgencia.
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La intencion de la administracion, sin embargo, es no solo contratar por esta via, sino usarla para constituir un remanente de candidatos, una especie de bolsa paralela. Asi se deduce de una diligencia publicada en la web del empleado publico y firmada por el jefe del servicio de planificacion y gestion de personal funcionario, en la que se advierte que “mientras dure la situacion de emergencia sanitaria”, los puestos que no puedan cubrirse acudiendo a las bolsas ordinarias se cubriran con quienes hubiesen solicitado participar en las convocatorias expres. Aunque fue publicada el 7 de agosto, la diligencia esta fechada el 7 de julio.?
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Fuente: www.eldiario.es
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