La gestión del consejero Imbroda puesta bajo sospecha en su propio partido

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El sindicato CGT manifiesta que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no está respetando los derechos recogidos en las normativas laborales.

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Las personas trabajadoras de la residencia Virgen de las Nieves, tras la negativa a sus reclamaciones por parte de la Delegación de Educación de Granada, han denunciado en fiscalía la vulneración de derechos reconocidos y consolidados, como son los días de asuntos particulares y los días adicionales de vacaciones por razón de antigüedad.

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Se incumple el VI Convenio Colectivo y lo establecido en el art. 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

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Tampoco se respeta lo establecido en BOJA 120, de 24 de junio de 2016, por Acuerdo de Mesa General de 2 de junio de 2016, ni en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 8 de marzo de 2016.

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La Resolución de 22 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, sobre días adicionales de vacaciones así refrenda este derecho, que aquí se ve vulnerado.

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El mismo Consejero de Educación, señor Fco. Javier Imbroda, reconoció este derecho hace unos días ante una pregunta parlamentaria; pero la realidad es que no se cumple la normativa por parte de la dirección de esta y otras residencias escolares de Granada.

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El deterioro en las condiciones laborales es continuado y progresivo; y quienes representan a la clase trabajadora en las mesas de negociación del personal laboral de la Junta de Andalucía, no se están posicionando con firmeza ante este hecho; ni en la calle tampoco.

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En CGT se preguntan por qué los sindicatos participantes en la Mesa de Negociación, no han exigido la actualización del VI Convenio Colectivo del personal laboral, que data del año 2002, y debiera haber sido renovado en el año 2006; y se parchee el actual con medidas que derogan derechos vigentes.

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Exigimos una respuesta también a los denominados “interlocutores sociales”, cómodos con estas Administraciones que les dan millones de euros para su actividad sindical y para cursos de formación que pagamos todos y todas. CGT está en contra de las subvenciones públicas a sindicatos.

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Dan el ejemplo de la rana que se introduce en un recipiente con agua, que se va calentando poco a poco. La rana se cuece sin que salga del recipiente. Eso mismo está ocurriendo con los Derechos Laborales recogidos en Convenio.

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Desde el sindicato CGT creemos que las direcciones han de estar vinculadas a la evaluación del desempeño; siempre buscando la eficiencia y el bienestar general.

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Las estructuras de trabajo autoritarias, en las que las decisiones sean impositivas y poco dialogantes; donde no se permite dar voz e interlocución a quienes se ven sometidos a ese poder, generan modelos de relaciones laborales y sociales verticalizados, poco democráticos y carentes de la sinergia necesaria para evolucionar, mejorar y adaptarse a las necesidades, retos y proyecto de presente y futuro.

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Esto ocurre cuando no hay un contrapoder o fuerza que contrarreste, module o frene las medidas o actuaciones que excedan lo adecuado por parte de quien manda o dispone.

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Desde CGT pedimos que se respete lo firmado por parte de la Administración; que se ocupen todas las vacantes según los procedimientos vigentes, como es la puesta en marcha de la llamada Bolsa Única Común, que lleva un año sin implementarse.

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No sirven parcheos, como el anunciado recientemente por la Junta de hacer contratos con límite de tiempo prefijado para necesidades puntuales y ahorrarse pagar salarios en periodos de vacaciones y que ahondan en la inestabilidad laboral.

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Referencia, a este respecto, el varapalo judicial recibido por la Junta de Andalucía, por motivo de las contrataciones “express” de personal laboral y funcionario, que implementó la Administración de la Junta para hacer contrataciones mediante el procedimiento de enviar un correo electrónico. Es otro ejemplo más de la chapuza y formas incorrectas de proceder ante el reto de modernizar la Administración Autonómica, creando empleo de calidad y con derechos.

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La estabilidad en el empleo ha de ser una prioridad máxima. Para ello se ha de estudiar el modelo a lograr, estudiar las necesidades de la ciudadanía y contar con la experiencia de las personas que vienen desarrollando su labor para y por la mejora del servicio público. Son necesarias las ofertas anuales de empleo público, así como concursos de traslados continuados en el tiempo, que fomenten la reunificación familiar y laboral.

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El dinero público ha de ser para generar trabajo y beneficio público. El trabajo ha de enmarcarse bajo las premisas de la dignidad y el respeto, tanto a las personas como a los derechos y acuerdos establecidos.

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