Hace pocos días la prensa se ha hecho eco del anuncio, a bombo y platillo, de que el Ayuntamiento de Churriana ha consumado lo que ya adelantó el pasado junio: la cesión por 70 años a una empresa de una parcela de 9.000 metros cuadrados de suelo público con destino a la construcción de un centro educativo privado. Algo de prisa había, ya que la nueva ley educativa en trámite parlamentario (LOMLOE) prohíbe expresamente este tipo de actuaciones, que tan suculentos beneficios acarrearon en el pasado a empresas privadas y a determinados cargos políticos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, donde, según pronunciamiento judicial, se creó toda una trama ilegal de cobro de comisiones ilegales por la cesión de suelo público y, lo que es más sangrante, por la concertación posterior de los centros privados que se construían. No han pasado ni cinco años de la judicialización de esta trama.
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El caso de Churriana de la Vega incluye muchos de los elementos que se dieron en la trama Púnica madrileña:
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-Un ayuntamiento en el que es notorio el déficit de recursos educativos y una administración educativa que no hace nada por incrementar la oferta de plazas públicas, existiendo ratios de alumnado por encima de lo estipulado en la mayor parte de sus centros públicos.
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-Disponibilidad en el PGOU de suelo público de uso educativo que se deja inactivo sin planes de construir centros públicos.
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-Cesión de dicho suelo a la iniciativa privada.
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-Un concurso público para la adjudicación del proyecto al que solo se presenta una empresa, en el caso de Churriana Bidhara S.L., que además no tiene actividad educativa previa que se conozca.
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-Y, una vez en marcha el proyecto privado, anuncio de que se podrá solicitar el concierto del centro educativo que se construya. No vayan a faltarle solicitudes de matrícula de pago y el negocio sea una ruina. 900.000 euros cobraba el Sr. Granados en Madrid por cada concesión de concierto educativo que gestionaba.
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En el caso de Churriana, la nota de prensa del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria, que en diferentes versiones hemos podido leer en varios medios, habla de las bondades de la iniciativa: tendrá un proyecto educativo pionero basado en la metodología del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), un edificio de diseño innovador, instalaciones que podrán ser usadas por la comunidad… Eso sí, de momento todo privado, por lo que si no se accede al concierto educativo que se promete, el alumnado de Churriana de la Vega que no disponga de recursos económicos seguirá masificado en sus colegios e instituto, en instalaciones precarias y mal dotadas. Pero ¡qué alegría para los vecinos y vecinas de Churriana saber que su pueblo contará con un centro privado de élite al que muchas familias de Granada querrán llevar a sus hijos e hijas para que se eduquen en un centro modélico en cuanto a instalaciones y programa educativo!, abonando la correspondiente mensualidad.
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Ya sabemos el nombre que tendrá el nuevo centro -“Encuentro”- y hemos podido ver el plano de un edificio muy innovador, que según la nota de prensa contará con instalaciones deportivas, biblioteca, huerto, cocina-laboratorio… En fin, cosas que, al parecer, no tienen los centros públicos. ¿O tal vez sí?
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La empresa adjudicataria del proyecto, y única que se ha presentado al concurso, Bidhara Educación SL, no nos sirve de mucha referencia, ya que según sus datos mercantiles se constituyó hace dos años, cuenta con un capital de 39.000 euros y no se le conoce ninguna actividad hasta el momento. Acometer una inversión de más de 3 millones de euros, según se informa, será todo un reto para su administrador único y propietario. Todo un ejemplo de emprendimiento, crear un proyecto educativo innovador basado en metodologías pedagógicas “novedosas” sin ninguna experiencia previa en el terreno educativo. Claro que estos temas en Madrid los salvaba la empresa adjudicataria Aldefel vendiendo los centros que construía a cooperativas de docentes que asumían el coste de la inversión y el pago de los beneficios a la empresa hipotecando sus vidas. Eso sí, se les aseguraba la clientela poniendo en el contrato la concesión de un concierto educativo que gestionaba la trama Púnica por 900.000 euros adicionales.
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En definitiva, hay demasiadas cosas en el caso de Churriana que recuerdan la actuación del PP de Madrid y de algunos de sus dirigentes en la no lejana época de los pelotazos empresariales y comisiones ilegales mediante la enajenación de suelo público y la concesión de conciertos educativos. Con independencia de que en este caso puedan no darse esos hechos ilícitos, lo que sí que comparte Churriana con Valdemoro y otras ciudades madrileñas es la filosofía del Partido Popular de desprecio absoluto hacia lo público (que es de la ciudadanía) y su manera de entender la res pública como cosa nostra.
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