Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía de Málaga contra la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), en relación con la adjudicación de contratos públicos del servicio de apoyo y asistencia escolar al alumnado con necesidades educativas especiales (PTIS) en la provincia.
La denuncia, interpuesta el 14 de enero de 2024, pone en conocimiento del Ministerio Fiscal unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación por adjudicación arbitraria de contratos públicos.
Un proceso plagado de irregularidades
El actual Gobierno andaluz (PP-A), tras la aprobación del decretazo 231/2021, estableció una doble vía para la gestión de este servicio:
🔹 Gestión directa, a través de personal laboral.
🔹 Gestión indirecta, mediante externalización a través de APAE.
Precisamente, la gestión indirecta es la que ha sido señalada en la denuncia, debido a irregularidades en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos. En el escrito presentado ante la Fiscalía, CGT Andalucía detalla más de 60 páginas de pruebas y hechos que demuestran una adjudicación arbitraria, sin comprobaciones reales de la información facilitada por las empresas licitadoras.
Según la Directiva 2014/24/UE, los organismos públicos están obligados a evaluar la veracidad de la documentación presentada en los procedimientos de contratación. Sin embargo, APAE ha eludido este control, permitiendo un reparto discrecional de fondos públicos y evitando los controles que exige la legalidad vigente.
Un daño al servicio público y al alumnado
La financiación de estos contratos proviene del erario público, lo que implica que sus responsables deben ejercer una vigilancia absoluta en la tramitación y ejecución del procedimiento. Sin embargo, los cargos públicos responsables y el personal de APAE han permitido la adjudicación sin las debidas garantías, afectando directamente a la calidad del servicio prestado al alumnado con necesidades especiales.
Por todo ello, CGT Andalucía ha solicitado a la Fiscalía que evalúe estos hechos y, si encuentra indicios delictivos, los traslade al juzgado correspondiente.
Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla seguimos denunciando la corrupción y la opacidad en la gestión pública, exigiendo transparencia y justicia para garantizar los derechos laborales y la calidad en la educación pública.
