En las últimas semanas, Marruecos ha intensificado la represión en el Sáhara Occidental, impidiendo la entrada de observadores internacionales, representantes sindicales y delegaciones políticas que buscaban evaluar la situción de los derechos humanos en la región.
El pasado sábado, las autoridades marroquíes bloquearon la entrada al Sáhara Occidental de una delegación de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), integrada por:
- Dolores Travieso Darias (abogada).
- Flora Moreno Ramos (abogada).
- Silvestre Suárez Fernández (técnico).
Según explicó Inés Miranda Navarro, miembro de la IAJUWS, el grupo fue retenido en el Aeropuerto de El Aaiún por agentes vestidos de civil que les ordenaron permanecer en el avión, mientras el resto de los pasajeros desembarcaba con normalidad. Tras 45 minutos de discusión, las autoridades rechazaron la documentación del equipo y los obligaron a regresar a Canarias en el mismo vuelo.
La misión de la delegación era verificar la situación de los denominados «presos políticos» saharauis en cárceles marroquíes. Miranda Navarro denunció que esta acción vulnera el derecho internacional y la libertad de circulación, incumpliendo los convenios de Ginebra, que establecen normas para territorios en disputa como el Sáhara Occidental.
Esta no ha sido una acción aislada. El 2 de marzo, las autoridades marroquíes expulsaron del Sáhara Occidental al responsable de Relaciones Exteriores de CGT, David Blanco, tras reunirse con activistas saharauis en Dajla.
Este hecho confirma la política sistemática de Marruecos de restringir la presencia de observadores internacionales y sindicalistas en el territorio, dificultando el trabajo de quienes buscan documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos.
Además, el 20 de febrero, agentes marroquíes impidieron la entrada de una delegación de eurodiputados, compuesta por:
- Isa Serra (España).
- Jussi Saramo (Finlandia).
- Catarina Martins (Portugal).
Asimismo, a finales de enero, Marruecos prohibió la entrada a una delegación del Parlamento Vasco, que tenía previsto reunirse en El Aaiún con organizaciones de derechos humanos y colectivos culturales.
Estas acciones demuestran que Marruecos está reforzando su control sobre el Sáhara Occidental, impidiendo la presencia de observadores internacionales y representantes sindicales que puedan documentar las violaciones de derechos humanos.
Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, exigimos a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos que denuncien estas prácticas y exijan el cumplimiento del derecho internacional en el territorio ocupado del Sáhara Occidental.
