CGT DENUNCIA LA PÉRDIDA ACUMULADA DEL 22% DE PODER ADQUISITIVO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

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CGT DENUNCIA LA PÉRDIDA ACUMULADA DEL 22% DE PODER ADQUISITIVO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA TRAICIÓN DE LOS ACUERDOS PATRONALES
La Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía, Ceuta y Melilla se adhiere y hace propio el contundente informe elaborado por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT), titulado «2010-2025: Tres lustros de pérdida de poder adquisitivo en el sector público». Desde nuestro sindicato anarcosindicalista queremos alertar a la opinión pública y a las trabajadoras de las administraciones sobre la sangría económica que supone quince años de políticas retributivas lesivas, firmadas por los gobiernos de turno y los sindicatos mayoritarios.
Los datos son escalofriantes y no admiten interpretación partidista. Entre 2010 y 2025, el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha acumulado un incremento del 32,80%. Sin embargo, las subidas salariales pactadas en este mismo periodo apenas han alcanzado el 19,65% bruto. Si descontamos el recorte del 5% impuesto en 2010, la subida neta real se queda en un mísero 14,65%. Esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo acumulada del 22,57%. Para que las cifras cobren sentido humano: cada empleada pública ha trabajado casi dos meses y medio al año de manera gratuita durante la última década y media. Esta es la realidad que se esconde detrás de las cifras macroeconómicas del «gobierno más progresista de la historia».
Un acuerdo insuficiente y tramposo para 2025-2026
La situación se agrava con el reciente acuerdo plasmado en el Real Decreto-ley 14/2025, firmado por el Gobierno del Estado y los sindicatos UGT y CSIF, con el respaldo público de CCOO. Este pacto fija una subida del 2,5% para 2025 y del 1,5% (ampliable con un 0,5% según IPC) para 2026. Sin embargo, la previsión del IPC para 2025 se sitúa en el 2,9% y para 2026 en el 1,9%. Esto confirma que, lejos de recuperar terreno perdido, las trabajadoras públicas volverán a perder poder adquisitivo por enésima vez. Además, las prometidas subidas para 2027 y 2028 quedan en el aire, sujetas a la coyuntura electoral, mientras que los incrementos se aplicarán de inmediato en la Administración General del Estado, pero el resto de administraciones, incluidas las de Andalucía, Ceuta y Melilla, podrán dilatar los pagos hasta 2028.
El «Sorpasso» del SMI y la dignidad de la Función Pública
Un fenómeno sin precedentes está ocurriendo ante la pasividad de los responsables públicos: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está a punto de superar las escalas salariales más bajas y numerosas de la Función Pública. Mientras el SMI ha acumulado un aumento del 69,30% desde 2010, los sueldos base de los grupos más bajos siguen siendo insultantes, maquillados únicamente por complementos y antigüedad. Esto no solo es indigno para el personal funcionario, cuyas pensiones de jubilación se verán mermadas, sino que es devastador para el personal temporal, cuyas prestaciones por desempleo se calculan sobre bases ridículas. En Andalucía, Ceuta y Melilla, donde el coste de la vivienda y la vida no deja de crecer, esta situación empuja a muchas compañeras hacia la precariedad severa.
Responsabilidades: Gobiernos y Sindicatos de Financiación Pública
CGT señala con el dedo a los responsables directos de este desmantelamiento. Por un lado, la alternancia entre PP y PSOE no ha supuesto más que ligeras diferencias cosméticas. Ambos comparten el objetivo neoliberal de precarizar los servicios públicos para fomentar su posterior privatización. Es intolerable que, batiendo récords de recaudación tributaria (301.355 millones de euros solo hasta noviembre de 2025), el Estado apenas invierta el 2% del PIB en inversión pública, quedando a la cola de la Unión Europea.
Por otro lado, denunciamos la complicidad de los «sindicatos» mayoritarios. Su amplia infraestructura depende en buena medida de financiación pública directa o indirecta, lo que ha triplicado sus subvenciones en los últimos años, mermando su independencia frente al poder político. Estas organizaciones firman continuamente acuerdos que hunden a las empleadas públicas en la miseria, llegando a incluir cláusulas de paz social que prohíben huelgas durante la vigencia de los convenios. Mientras en el sector privado se logran subidas medias del 3,5% para 2025, en el público se conforman con migajas, aceptando una diferencia de ocho décimas en tan solo un año que perpetúa la brecha.
Impacto de Género y Precariedad en el Sur
La falta de progresividad en las subidas salariales afecta especialmente a las mujeres, que constituyen un estrato salarial inferior en la administración. La brecha salarial por razón de género supera el 28% de media. En regiones como Andalucía, Ceuta y Melilla, donde la feminización de ciertas categorías administrativas es alta, este informe confirma que las políticas actuales castigan doblemente a las trabajadoras. Además, el colectivo de personal temporal sufre la mayor desfachatez institucional: si son cesados antes de percibir las subidas pactadas, deben reclamarlas individualmente, permitiendo a las administraciones «ahorrar» lo correspondiente a quienes pierden el vínculo laboral.
Exigencias de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla
Ante este panorama, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla exige:
  1. Recuperación inmediata del poder adquisitivo perdido desde 2010, con una subida lineal y progresiva que priorice las escalas más bajas.
  2. Fin de la dependencia financiera de los sindicatos mayoritarios.
  3. Equiparación salarial real que evite que el SMI supere los sueldos base de la carrera funcionarial, garantizando condiciones dignas para todas las categorías.
  4. Aplicación inmediata y universal de las subidas salariales en todas las administraciones públicas, sin dilaciones hasta 2028, y garantizando los derechos del personal temporal.
No estamos dispuestas a seguir regalando dos meses y medio de trabajo al año. La excelencia de la que habla el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública no se alcanza con sueldos de miseria, sino con dignidad laboral. Desde CGT llamamos a la movilización y a la organización en los centros de trabajo para plantar cara a unos acuerdos que nos hunden y a unos gobiernos que nos ignoran. La función pública es el pilar del bienestar social y no puede sostenerse sobre los hombros empobrecidos de sus trabajadoras.
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