CGT Enseñanza Cádiz exige a la Delegación de Educación que no se olvide del alumnado matriculado en la modalidad de prueba libre para obtener el título de la ESO

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La vida en el centro

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Vemos desde siempre, como las empresas privadas, concesionarias de servicios públicos esenciales como emergencias, limpieza hospitalaria, servicios sociales, residencias de ancianos, transporte…, incumplen constantemente sus contratos con las administraciones (pliegos de condiciones), aplicando medidas perjudiciales para la ciudadanía, mientras arrasan con todos los euros que pueden y maltratan a sus plantillas, dando una imagen en redes sociales, que nada tiene que ver con la realidad fuera de cámara, donde exprimen literalmente a la clase trabajadora que es su materia prima.

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Y a pesar de todo esto, los organismos y poderes públicos, nunca emprenden acciones contra los incumplimientos de los contratos por las empresas comisionistas privadas, es más, defienden en gran medida su gestión usurera, para aparentar hacia afuera que todo funciona correctamente.

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Sin embargo, esas empresas buitre, son verdaderas máquinas de represión hacia las trabajadoras y trabajadores, actuando con alevosía, inventando motivos de sanción contra quienes no aceptan ser tratados como mera mercancía, como seres carentes de derechos. Atacan creando invenciones, generando el gran espectáculo de tinta y papel para intentar achantar a quien se atreve, intentando eliminar a quien molesta. Compactando sin cohesión razones ilógicas, carentes de base, aunque intimidatorias, para crear el efecto del esclavo agradecido por tener un trabajo, aunque sea de explotación, humillación y sumisión.

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Si ese sistema de sanción lo aplicaran las Administraciones contra esas fábricas de manufacturas humanas, máquinas de hacer dinero fácil, que únicamente sirven para lucrarse del dinero que aporta con sus impuestos la ciudadanía, seguramente ya no existirían.

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Las empresas que se dedican al negocio de las contratas y subcontratas, no debieran existir. Debieran estar prohibidas y así se ahorrarían ingentes cantidades de dinero público para estas intermediarias, que nada aportan a la sociedad y que sin embargo aumentan vertiginosamente sus beneficios con cada concesión pública a la que acceden, sin arriesgar nada y sin que nadie les exija responsabilidades por su gestión.

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Este mundo necesita un cambio drástico, una renta básica de las personas iguales, un ingreso asegurado que pare los pies a esos comerciantes legales de personas, que han convertido las profesiones en tormento. Demostrar que hay otras formas de trabajar, de vivir en sociedad, no enfocadas al capital, que garantice la protección de las personas y ponga la vida en el centro.

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Carolina Garrido

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