CGT Andalucía traslada a Unidas Podemos sus reivindicaciones contra el Decreto promovido por Iceta sobre el abuso de la temporalidad sobre los interinos, ante la inminente votación para su convalidación en el Congreso.
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En la reunión con el Portavoz de Función Pública en el Congreso, el diputado Pedro Antonio Honrubia, CGT Andalucía ha defendido una solución para que “quienes están se queden”.
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Esta mañana se han reunido el Secretario General de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, y una representación del sindicato en las diferentes provincias andaluzas, con el diputado por Granada y Portavoz de Función Pública del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pedro Antonio Honrubia, ante la inminente convalidación en el Congreso del conocido ya como “Icetazo” o Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
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El sindicato CGT Andalucía ha trasladado su oposición al Decreto aprobado, ya que no recoge ninguna de las reivindicaciones que la organización sindical explicitó en su convocatoria de Huelga del Sector Público en Andalucía del pasado 28 de mayo.
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Para CGT se trata de un Decreto mentiroso, porque dice una cosa que luego no se ve reflejada en el papel, ya que ni transpone la Directiva 1999/70 de manera efectiva, ni ofrece soluciones a los más de cien mil empleados públicos andaluces en situación de abuso de la temporalidad.
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El diputado de Unidas Podemos ha sintonizado en el análisis de la problemática con el sindicato y ha expresado que para Unidas Podemos se podrían modificar los textos legales necesarios para poder dar una solución de fijeza a los miles de empleados públicos en fraude y abuso de la temporalidad, como así ha publicado en su red social Twitter.
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Honrubia ha anunciado que va a proponer una serie de medidas de mínimos tendentes a modificar el Real Decreto tal y como está en la actualidad, que podrían resumirse en mejorar las cuestiones relativas a las indemnizaciones, pero principalmente, y en aras de la continuidad del personal abusado en sus puestos, que la fase de oposición no sea eliminatoria, para que la experiencia en el puesto pueda contar en un proceso selectivo si llegara el caso y que la persona aspirante pueda utilizar su mejor nota de cualquier proceso selectivo anterior del puesto que se presente.
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Para CGT Andalucía, es positiva la actitud de querer modificar el Decreto actual, aunque consideran insuficiente cualquier modificación que siga dando por hecho que la respuesta al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas son los procesos selectivos abiertos, ya que, según el sindicato, esto contraviene la jurisprudencia del TJUE y el propio espíritu de la Directiva europea 1999/70, incluso el espíritu que expresa el propio Decreto de Iceta al considerar responsables del abuso a las administraciones públicas.
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Así mismo, CGT Andalucía ha denunciado que el Decreto no establece con claridad cuáles serán las sanciones a las Administraciones ni a sus altos funcionarios o cargos políticos de confianza, con lo que finalmente quien reciba la sanción serán los propios trabajadores y la ciudadanía mediante el pago de indemnizaciones, que, en cualquier caso, para CGT, serán insuficientes.
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Desde CGT Andalucía pide que los grupos políticos que plantean una lucha por los derechos laborales promuevan echar abajo el Decreto o modificaciones que cumplan con el objetivo que resume el lema de la organización sindical en esta cuestión: “quienes están se quedan”. Además, han insistido en que se aumenten las plazas de empleo público ajustado a las necesidades de los servicios públicos, para que pueda acceder nuevas personas sin competir con las personas abusadas y el establecimiento de sanciones a los responsables públicos y políticos para evitar la pérdida de empleo público, su precarización y su privatización.
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En la reunión CGT Andalucía ha recordado al Portavoz de Función Pública de Unidas Podemos en el Congreso que el conflicto continuará si no hay una solución política y el sindicato promoverá y se sumará a todas las movilizaciones que sean necesarias, señalando a los responsables políticos que obvien el problema y tergiversen las soluciones saltándose las exigencias de la Comisión Europea y el propio TJUE.
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