¿Protección de datos o encubrimiento de irregularidades?
Un empleado de la Unidad de Reparto 1 (UR1) de Correos en Ceuta, junto al sindicato CGT, ha iniciado una lucha judicial para obtener información clave sobre los procesos de contratación y las bolsas de empleo utilizadas desde 2012. La solicitud, amparada en la Ley 19/2013 de Transparencia, busca acceder a datos anonimizados mediante códigos NIP (Número de Identificación Personal) que detallen tipos de contratos, duración y modificaciones en las bolsas de trabajo, sin identificar a personas concretas.
“No buscamos nombres, sino patrones. Si hay desigualdades, deben corregirse”, explica el denunciante, quien recalca que el objetivo es asegurar que los principios de mérito y capacidad prevalezcan sobre posibles favoritismos. “Es una cuestión de justicia, no de perseguir a individuos”, añade.
El 12 de noviembre de 2024 se venció el plazo legal de un mes para que Correos respondiera la solicitud, incurriendo en silencio administrativo desestimatorio. Mientras algunos sindicatos respaldan la opacidad alegando protección de datos, CGT denuncia esta postura como un intento de encubrir posibles irregularidades. “Si otros lo hacen, ¿por qué no Correos? La transparencia no es opcional, es un deber en una empresa pública”, señala el trabajador.
Un portavoz de CGT subraya que “cuando una institución oculta datos básicos, es inevitable preguntarse qué quiere esconder”. Esta postura contrasta con organismos como el Ministerio de Educación, que publica regularmente estadísticas anonimizadas sobre concursos docentes ajustándose a normativa europea.
El conflicto en Correos recuerda el caso Magyar Helsinki Bizottság contra Hungría, resuelto en 2016 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En aquella ocasión, el TEDH determinó que la negativa a entregar datos violaba el derecho a la información pública, subrayando que la transparencia es esencial para el debate democrático.
“Lo que ocurrió en Hungría es un espejo de lo que vivimos aquí. Si Europa exige transparencia en el sistema judicial, ¿por qué no en las contrataciones de una empresa pública española?”, reflexiona el denunciante.
Correos y ciertos sindicatos insisten en que la protección de datos impide compartir información, pero CGT desmonta este argumento. “La anonimización permite equilibrar ambos derechos. La Ley de Transparencia exige divulgar datos siempre que no se identifique a personas”, argumenta un representante del sindicato. Según el denunciante, “la opacidad es una cortina de humo. Quienes defienden el secretismo suelen temer que la luz descubra prácticas injustas”.
El caso está en manos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya resolución podría sentar un precedente histórico. Si falla a favor del denunciante, obligaría a Correos y otras instituciones públicas a operar con mayor transparencia. “El Consejo tiene la oportunidad de reivindicar su papel como garante de la transparencia. Si fallan en su deber, iremos a los tribunales nacionales y, si es necesario, al TEDH”, asegura el trabajador.
Para CGT, la falta de transparencia en Correos refleja un problema estructural en la gestión de lo público. Esta situación perpetúa desigualdades y favorece prácticas poco éticas. “Hablamos de empleos que deberían asignarse por mérito, no por conexiones. Esto no es solo por mí, es por asegurar que nuestras futuras generaciones vivan en un país más justo”, concluye el denunciante.
El caso ya genera debate sobre la necesidad de modernizar la gestión pública. “La transparencia no es una amenaza, sino una herramienta para mejorar eficiencia y credibilidad —reflexiona CGT—. El secreto solo alimenta desconfianza”. Si Correos publica finalmente los datos solicitados, el paso obligaría a otras empresas públicas a actuar con mayor ética y responsabilidad. En democracia, la luz sigue siendo el mejor antídoto contra la opacidad.
