La CGT recuerda cómo los partidos del “IBEX 35” acordaron en agosto de 2011 vender la soberanía del pueblo español a los mercados reformando el artículo 135 de la Constitución Española. Esta modificación permitió la legalización del robo y la desposesión de los recursos públicos dedicados a educación, sanidad, cultura, cuidados, investigación, políticas de empleo, etc.
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Los derechos y libertades sociales han quedado a la voluntad del mercado capitalista, primera consecuencia de la “impugnación” de movimientos sociales como el 15M o la PAH.
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El Estado se hace con leyes mordazas y normativas encaminadas a perseguir la disidencia, la crítica, la huelga y la desobediencia civil mientras la corrupción campa a sus anchas en instituciones con el beneplácito de jueces y el silencio cómplice del “cuarto poder” burgués.
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Miles de personas son tachadas de delincuentes y son amenazadas con cárcel y multas por defender derechos fundamentales y libertades sociales. Una realidad que va mucho más allá de los acontecimientos de los últimos días en Catalunya.
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Mientras nos atragantan con peleas entre partidos conservadores (catalanes y nacionales). Parece que se nos olvidan muchas cosas.
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El llamado caso del 3%. Desde que comenzó septiembre el juez ha imputado en la causa por las supuestas comisiones de empresarios a la antigua Convergència al director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga. En el mismo caso, Anticorrupción ha pedido la retirada de pasaporte al exconseller de Justicia de la Generalitat Germá Gordó, por su presunta intermediación en las mordidas de la trama.
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Tras el telón catalán hubo incendio en la Ciudad de la Justicia de Valencia. El TSJCV suspendió 'sine die' la actividad de los juzgados de la Ciudad de la Justicia tras el fuego que se originó en la segunda planta del complejo, concretamente en el Juzgado de Primera Instancia número 3. Se extendió y provocó daños en los juzgados 1, 2 y 4, también de primera instancia y por tanto no dedicados a expedientes delictivos. Las alarmas sonaron pero no estaban preparadas para dar avisos en fin de semana. La actividad jurisdiccional se paralizó durante días y se investiga el origen de las llamas.
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La corrupción nos brindó grandes titulares, pero quizá habrían sido gigantes de no ser por el tema del independentismo. Hubo tanta confusión que hasta asistimos a una especie de imputación en diferido de uno de los grandes nombres del PP, Alberto Ruiz Gallardón.
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Resulta que el exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid tenía la “consideración de investigado” desde enero de 2017, por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por el supuesto “desvío de fondos” para comprar en 2001 Inassa, la filial latinoamericana del Canal Isabel II. De por medio, órdenes contradictorias entre juzgados y Fiscalía, y encargado de entorpecer el proceso contra Gallardón: el dimitido jefe de Anticorrupción Manuel Moix.
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España y Arabia Saudí han sellado un acuerdo para la protección mutua de información clasificada en el ámbito de defensa, que tendrá validez cinco años y se prorrogará automáticamente por periodos de un año, con un país señalado por la oposición y decenas de ONG en defensa de los Derechos Humanos por su implicación en conflictos armados como el que mantiene con Yemen.
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El Banco de España informaba que, de los más de 54.000 millones de euros públicos inyectados al sector bancario desde 2009 da por perdidos 41.150 millones de euros de todas las ayudas públicas netas a la banca. Y con los millones, el debate sobre las responsabilidades, las culpas y consecuencias de un préstamo que no iba a suponer “ni un euro” público y que ha acabado costando el gasto sanitario de diez años. Pero estábamos ocupados hablado de Puigdemont y otros
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La Audiencia Nacional decidió no procesar a la cúpula del Banco de España y de la CNMV por la salida a Bolsa de Bankia hace ahora seis años. El exministro Ángel Acebes no escapará del juicio por su participación en las “múltiples y relevantes falacias contables” de la entidad.
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