La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla quiere expresar su más enérgico rechazo y condena frontal al desalojo ejecutado este martes en Manilva, donde 62 familias, cerca de 400 personas entre las que se encuentran 180 menores, han sido arrojadas a la calle por la fuerza pública para satisfacer los intereses especulativos de un fondo de inversión. Lo denunciamos con absoluta rotundidad: esto no es justicia, es violencia institucional intolerable y exigimos que se garantice ya una alternativa habitacional digna y estable para todas ellas, especialmente para las 25 familias en situación de vulnerabilidad, cuya expulsión de sus hogares constituye una auténtica vergüenza para las administraciones responsables.
Estas familias llevan más de una década residiendo en las viviendas de la calle Sarmiento. Llegaron en 2015 a un entorno sin terminar y fueron ellas mismas quienes, con su trabajo y su esfuerzo, completaron las infraestructuras básicas: luz, agua, ascensores, comunidad. Firmaron contratos de alquiler con opción a compra con la promotora Satek, posteriormente Lunix, y cumplieron escrupulosamente con sus pagos durante años. Sin embargo, en 2024, sin preaviso ni negociación, un fondo buitre —SPV REOCO 3, S.L.— adquirió la finca en una subasta desierta por apenas 14.000 euros por vivienda y rescindió unilateralmente los contratos, ofreciendo a las familias la «oportunidad» de comprar sus propios hogares por cifras obscenas de hasta 200.000 euros. Cuando intentaron seguir abonando los alquileres, se encontraron con que se les habían cerrado las cuentas y se les impedía pagar, mientras el procedimiento judicial se tramitaba contra una sociedad extinta, Manilva Sol y Golf S.L., con la que jamás habían negociado, vulnerando así su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
Mientras la maquinaria judicial avanzaba implacable, las instituciones miraron para otro lado con una complicidad que avergüenza. La Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía se escudó en «la espera de informes» mientras el reloj del desahucio corría en su contra; el Ayuntamiento de Manilva, gobernado por el PP, prometió soluciones que nunca llegaron a tiempo y, como «alternativa», habilitó un pabellón deportivo sin condiciones mínimas de habitabilidad para 25 familias en situación de vulnerabilidad extrema. Cruz Roja aportó colchonetas, las mantas no alcanzaron y el frío sí se hizo presente, como relataban los propios afectados: «Se escuchaban las voces de los chiquillos en la oscuridad diciendo ‘mamá, me quiero ir de aquí, tengo mucho frío'».
Desde CGT-A, Ceuta y Melilla lo decimos claro y sin ambages: no vamos a permitir que se siga pisoteando a quienes menos tienen mientras se protege a fondos, bancos y especuladores. La vivienda es un derecho fundamental y no vamos a dejar de señalar a quienes lo convierten en un negocio a costa del sufrimiento de las familias trabajadoras. Por ello, reclamamos la paralización cautelar inmediata de cualquier nuevo lanzamiento vinculado a esta operación especulativa mientras se resuelven los recursos interpuestos; la activación urgente de la Ley de Vivienda de Andalucía para ejercer el derecho de retracto administrativo y convertir estas 62 viviendas en parque público de alquiler social; una alternativa habitacional digna, permanente y cercana a sus entornos laborales y escolares para las 62 familias, con prioridad absoluta para las 25 unidades familiares en situación de vulnerabilidad certificada; la depuración de responsabilidades políticas y judiciales por la desprotección de menores y personas vulnerables durante el operativo de desalojo, ejecutado con un despliegue de 100 efectivos de la Guardia Civil para imponer una orden que vulnera derechos fundamentales; y la investigación y sanción a las prácticas abusivas de fondos de inversión que adquieren fincas con ocupantes de buena fe para forzar desalojos y reventa especulativa.
Manilva no es un caso aislado. Es la expresión más cruda de un modelo que convierte el techo en mercancía y a las personas en obstáculos para el beneficio. Frente a ello, CGT reafirma su compromiso con la lucha por el derecho a una vivienda digna y con la organización de las clases trabajadoras para frenar los abusos del capital especulativo. La vivienda no se negocia, se defiende. Y ellas no están solas: la solidaridad obrera no tiene fronteras.
