El carpetazo judicial de la Fiscalía a la denuncia por el nombramiento como directora interina de M.ª Dolores Moreno Bonilla nos remite al comunicado publicado por FASE CGT en agosto de 2019 explicando el procedimiento y la normativa.
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Según la Fiscalía, el nombramiento se hizo “cumpliendo con lo establecido en la norma” y “se ajustó” a lo que especifica el decreto 153/2017.
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El resto, seis meses de instrumentalización política, mediática y sindical para sacar rédito a costa de vapulear, cuestionar y exponer públicamente a diferentes trabajadoras y colectivos profesionales de la administración educativa.
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Lamentablemente, con el único argumento de unos apellidos, se han cuestionado los criterios técnicos de los informes de la Inspección Educativa y a los profesionales que los realizaron, cuando ni siquiera son vinculantes, sacando a la palestra la información privada contenida en los mismos. Una grave e interesada irresponsabilidad por la que alguien tendrá que responder en algún momento.
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Quienes ahora se rasgan las vestiduras son las mismas personas que aprobaron y utilizaron esta norma de forma sistemática sin cuestionarse nada hasta que han cambiado los vientos. Y quienes antes callaban hoy elevan preguntas a sede parlamentaria o anuncian denuncias a bombo y platillo amplificadas por los medios afines.
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Las conclusiones de la Fiscalía han dejado a cada cual en su sitio, pero este patético intento de lavado de cara a costa del desprestigio de los demás va a conllevar una serie de consecuencias negativas para los profesionales de la educación:
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Inseguridad y dudas sobre la privacidad de los informes y protección de datos de las personas que aspiran a ocupar cargos directivos.
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Mayor opacidad del servicio de inspección hacia las personas participantes en los procedimientos a la hora de realizar los informes técnicos para la elección de los perfiles más adecuados para los cargos directivos, limitando la comunicación y cercanía a las mismas por miedo a las filtraciones.
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Incremento de la discrecionalidad a la hora de los nombramientos de futuros cargos directivos por parte de las diferentes delegaciones territoriales.
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¿Cabe alguna posibilidad de que se produzca un cambio normativo que apueste por un modelo de selección de directoras y directores verdaderamente democrático en donde el mayor peso en la decisión lo tuviera la comunidad educativa en última instancia?
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CGT seguirá luchando por ello junto al resto de la comunidad educativa.
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