El macrojuicio más mediático del caso ERE se iniciará el día 13 de diciembre de 2017. Siete años después de que la juez Mercedes Alaya abriera una investigación al descubrir a un falso prejubilado empotrado en un expediente de regulación de empleo de Mercasevilla subvencionado por la Junta de Andalucía, los anteriores presidentes de la Comunidad, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se sentarán en el banquillo de los acusados.
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Los días 13, 14 y 15 de diciembre se dedicarán a cuestiones previas. La vista se reanudará el 9 de enero y se prolongará en adelante con los interrogatorios y testificales en tres sesiones semanales los lunes, martes y miércoles hasta quedar visto para sentencia.
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La fecha del juicio ha sido comunicada este viernes a una veintena de abogados de la causa por parte del tribunal que juzgará la llamada pieza política de los ERE fraudulentos, en la que están imputados 20 ex altos cargos autonómicos además de los expresidentes. Tras la recusación del anterior juez ponente, Pedro Izquierdo, que fue apartado de la causa por su condición de ex alto cargo de la Junta entre 2008 y 2014, el tribunal, finalmente, quedará constituido por el juez Juan Antonio Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, miembros de la Sección Primera de la Audiencia de Sevillla. El magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta, fue recusado por el PP andaluz y el sindicato Manos Limpias.
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla convocó a los letrados de las partes personadas este viernes para analizar la fecha de inicio de la vista oral contra los 22 ex altos cargos citados.
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Entre los 22 ex altos cargos acusados, y además de Chaves y Griñán, hay seis exconsejeros de la Junta de Andalucía: José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez, dos exviceconsejeros o dos ex directores generales de Trabajo. Juntos, ambos expresidentes suman 23 años de hegemonía política en Andalucía.
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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
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La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay “trama criminal” ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
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Por su parte, el PP-A, acusación particular, ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán. Además de los delitos expuestos, acusa a todos los exaltos cargos de asociación ilícita.
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