La negociación del convenio colectivo del sector de reparto de butano en la provincia de Cádiz está totalmente estancada desde hace meses. El anterior convenio expiró en 2023 y, pese a un acuerdo parcial logrado a comienzos de 2025 en el SERCLA (donde se pactó el pago de atrasos salariales), no ha habido avances hacia un nuevo acuerdo. Los sindicatos señalan directamente a la actitud intransigente de la empresa Carbis S.L. –instalada recientemente en Jerez– como la causa principal del bloqueo, acusándola de imponer condiciones aún más precarias y dificultar cualquier progreso en la negociación. Ante esta situación, las federaciones sindicales CCOO Industria, UGT FICA y CGT han convocado una huelga escalonada en siete jornadas durante julio y agosto para presionar a la patronal y destrabar el convenio.
Calendario de la huelga
La huelga del butano en Cádiz se ha planificado de forma intermitente a lo largo de varias semanas, con los siguientes días de paro anunciados:
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21 y 22 de julio (domingo y lunes)
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28 y 29 de julio (domingo y lunes)
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4, 5 y 6 de agosto (domingo, lunes y martes)
Este calendario de paros escalonados busca ejercer una presión sostenida y creciente sobre las empresas implicadas –incluida Transportes Sereño, principal distribuidor de Repsol Butano en la provincia– sin llegar a un cese total inmediato del servicio. De este modo, los sindicatos esperan forzar la reanudación de las conversaciones del convenio antes de que el conflicto se agrave más.
Motivos de la convocatoria
Las organizaciones sindicales han expuesto varias razones para justificar esta convocatoria de huelga, entre las cuales destacan:
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Convenio caducado y falta de avances: El convenio colectivo provincial expiró en 2023 y, aunque se acordó abonar los atrasos correspondientes, no se ha logrado renovar el marco laboral con mejoras para los trabajadores. Quedan puntos clave estancados y no se está llegando a ningún avance, atribuido al bloqueo patronal.
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Postura de Carbis S.L.: Acusan especialmente a esta empresa de bloquear las negociaciones con una postura inflexible. Pretende imponer un modelo laboral aún más precario que el vigente. Se habla de intentos de cargar a los repartidores con tareas adicionales sin compensación, lo que incrementaría la carga laboral sin mejora salarial.
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Escasa voluntad de diálogo: Más allá de Carbis, las centrales sindicales perciben una falta de voluntad real de negociación por parte de la patronal. Sostienen que ciertas empresas no quieren negociar, solo imponer sus condiciones.
Servicios mínimos
Al tratarse de un sector que suministra un producto de primera necesidad, la convocatoria de huelga contempla medidas para minimizar el perjuicio a la población. En particular, se han establecido servicios mínimos para garantizar el abastecimiento en los entornos más sensibles:
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Se mantendrá el suministro a hospitales, residencias de mayores y otros centros críticos, para que colectivos vulnerables no queden desatendidos.
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En el reparto a domicilios particulares podría haber retrasos o demoras, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.
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El impacto será progresivo: al dividir la huelga en varias jornadas separadas, se busca afectar a la logística de distribución de forma gradual pero constante, sin provocar un desabastecimiento absoluto inmediato.
Este conflicto laboral pone de relieve los desequilibrios estructurales en el sector de distribución de combustibles, gran parte del cual opera mediante empresas subcontratadas. Los trabajadores del reparto de butano en Cádiz reclaman mejoras en sus condiciones y el reconocimiento del carácter esencial de su labor. Entre las reivindicaciones concretas se incluyen:
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Incrementos salariales acordes al coste de la vida y compensaciones específicas, como un plus por transporte de mercancías peligrosas.
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Reducción de la jornada laboral y reconocimiento salarial de cualquier nueva tarea que se cargue sobre los repartidores.
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Estabilidad en el empleo, con contratos dignos y fin de la alta rotación en un servicio esencial para miles de familias sin acceso a gas canalizado.
De fondo, las organizaciones sindicales insisten en que se reconozca esta actividad como servicio esencial, con las garantías laborales que ello conlleva.
La convocatoria de huelga está planteada como medida de último recurso. No obstante, los sindicatos confían en que antes del primer paro, previsto para el 21 de julio, pueda abrirse una vía de entendimiento. Está prevista una reunión de mediación en el SERCLA el 18 de julio, en la que se espera avanzar hacia un acuerdo.
La respuesta de la patronal, con Repsol como empresa tractora del sector, será clave. Si acceden a atender las reclamaciones básicas, podría evitarse una escalada del conflicto en pleno verano. Si persiste la negativa, Cádiz podría enfrentarse a problemas de suministro de butano en plena temporada alta.
Los trabajadores del butano en Cádiz han dado un paso firme con esta huelga para exigir dignidad y mejoras en un sector estratégico. La pelota está ahora en el tejado de las empresas. Su decisión marcará si este conflicto se resuelve con justicia o se prolonga con consecuencias para toda la ciudadanía.
