Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días para la celebración de juicios y el dictado de las sentencias, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más frecuente encontrar causas judiciales cuyos juicios se señalan a varios años vista. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social.
Los Juzgados de lo Social no están al borde del colapso, están colapsados. Demandas cuyas vistas judiciales se fijan para 2025, 2026 o 2027 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social. Esta es la situación que padecemos, que no genera ninguna alarma relevante para sus máximos gestores y que aprovecha la patronal para campar libremente a sus anchas sabedores de la indefensión de la clase trabajadora que se encuentra privada del derecho al servicio público de la justicia social.
Los señalamientos judiciales a años vista empujan además en esa dirección. Se obliga de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales que dejan ser útiles y no surten efecto. Se impone por la vía de hecho el abandono de debates jurídicos que adolecerán de “pérdida sobrevenida de objeto”. De esta manera se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de las/os trabajadores, que ya vienen arrastrando importantes cargas desde la Reforma Laboral de 2012.
Está claro, que hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación.
Observamos cómo surgen ya para posicionarse en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas –todas ellas bajo el amparo de la “colaboración público-privada”- para resolución de conflictos.
A fecha de hoy la Reforma Laboral del ciudadano, M. Rajoy, que fue avalada por la Ministra, Yolanda Díaz, en su NO REFORMA LABORAL, sigue plenamente vigente (reducción de indemnizaciones en caso de despido, desaparición de salarios de tramitación ante despidos improcedentes, mayor flexibilidad, reducción de prestaciones por desempleo y pensiones, etc.) al no haber sido siquiera modulada en sus aspectos más lesivos.
Asimismo, con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley. Quienes incumplen se benefician así de retrasos que los favorecen precisamente por no cumplir con las normas. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito, sobre el que la patronal –la más incumplidora atendiendo a las estadísticas judiciales- mantiene un indisimulado silencio. La dilación en el tiempo de las condenas es otro factor a su favor.
Por ello, desde CGT exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas:
- Aumento del número de Juzgados de lo Social
- Implantar Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.
- Agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas pues entre notificación por correo certificado, después vía SCACE y por último la publicación en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida.
CGT además de organizar el acto de protesta del próximo martes coincidiendo con el día Mundial por la Justicia Social, hace un llamamiento a la clase trabajadora para exigir una JUSTICIA JUSTA como servicio público y universal para los ciudadanos/as y poder avanzar con ello en alcanzar la Justicia Social y que esto no quede solo en una fecha conmemorativa en el calendario todos los 20 de febrero.
