En el 061 en Málaga, los máximos responsables del servicio que han sido designados por el dedo divino, decidieron abrir expediente disciplinario en el que aplican el 6 en 1, nada menos que seis acusaciones de comisión de faltas graves y muy graves en un solo proceso sancionador contra el compañero Javier García, Delegado de Prevención de CGT en la EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias), su “culpa”, solicitar a los responsables de la empresa, en pleno estado de alarma con confinamiento domiciliario, que protegieran la salud de la plantilla del 061 y de Ilunion (gestores telefónicos) en la sala de coordinación de emergencias, aplicando las normas que se habían establecido para proteger a los y las trabajadoras del COVID 19. Recordamos que hablamos de personal sanitario y del primer eslabón de la cadena asistencial.
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Hoy, 10 de noviembre, se ha celebrado el juicio de impugnación de esa multi-sanción de 72 días de suspensión de empleo y sueldo y en el mismo se han evidenciado las actuaciones arbitrarias, injustas e ilícitas de los latigueros/as de la EPES, incluso mintiendo descaradamente en alguna declaración, como la realizada por la Directora del Servicio Provincial de Málaga que ha aseverado que cualquier acceso a la sala de coordinación la autoriza únicamente ella porque trabaja 24h al día, siete días a la semana y 365 días al año, algo preocupante por el agotamiento que le puede suponer a esta Sra. si fuese verdad que no tiene vacaciones ni descansos…. y que está en el centro como la puntilla del almanaque. Ver para creer. Algunas de las afirmaciones que se han escuchado sonrojarían a cualquier trabajador o trabajadora conocedor de la empresa, pero al parecer a alguna de estas personajes no les importa mentir con tal de que se ratifique el injusto castigo a Javi por reclamar medidas de protección para todas y todos.
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Es el segundo acto judicial que cubrimos desde Onda Barricada, queriendo traer a nuestras/os seguidores la realidad de muchas empresas e incluso organizaciones sindicales de nombre, en las que existe una tendencia a judicializar las relaciones laborales. Nos llama la atención comprobar los casos que se llevan a unos juicios rocambolescos y absurdos, pero lo que más nos llama la atención es que desde las distintas administraciones o empresas públicas, sus altos cargos los fuerzan y acuden a ellos, por más absurdos que sean, simplemente porque entre todos y todas, incluidos los afectados por los desmanes empresariales, pagamos el procedimiento, sin que a los inquisidores/as les cueste nada de su bolsillo, y tal vez sea por eso que de forma temeraria atentan contra los derechos laborales y principios básicos.
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Como reflexión nos quedamos con que para evitar esta judicialización de la vida laboral y delegar las relaciones laborales en “sus Señorías”, existe una fórmula infalible que puede evitarlo, la ACCIÓN SINDICAL Y EL APOYO MUTUO.
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