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Hace tres meses, desde CGT, anunciamos el último plan de destrucción masivo de empleo que se estaba perpetrando, de nuevo, en una de las empresas que opera en nuestra ciudad, Sevilla.
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Lamentablemente, estas letras son cada vez más habituales y cada vez más “normalizadas” por parte de nuestra sociedad y también por los organismos públicos que deberían mediar por la seguridad, salud y conservación de los puestos de trabajo hispalenses. Organismos públicos que son gestionados por personas que nos ignoran día tras día, así como las políticas y políticos que dicen representarnos.
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El pasado agosto, Sitel, multinacional del Contact Center, que presta servicio para Carrefour, Orange, Iberia, Jazztel, Iberdrola, Fedex y demás grandes marcas, nos comunicó que Carrefour había decidido conceder la explotación de sus servicios de Atención al Cliente, hipermercado online y servicios financieros de Carrefour (Tarjeta PASS) a otra multinacional del Sector como UNÍSONO, tras una relación mercantil entre Sitel y Carrefour de casi 20 años.
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Esta operación afecta a casi 400 familias entre Madrid y Sevilla, algunas de éstas con antigüedad en Sitel de casi 20 años, atendían el teléfono para Carrefour desde el primer día que Sitel empezó a gestionar sus servicios.
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En estos tres meses Sitel ha teatralizado la destrucción de empleo en un nuevo intento de convencer de cara a la galería, tres meses enredando a la plantilla afectada y a Organizaciones Sindicales. La Dirección General de Trabajo intervino en agosto y, supuestamente, gracias a ésta, se consiguió una prórroga de dos meses, prórroga que Carrefour ya había ofrecido a Sitel antes de que empezara todo este escándalo laboral, y que no sabemos por qué razones no llegó a cuajar hasta que intervinieron las altas esferas.
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A esta primera siguió una segunda prórroga de un mes que termina este martes 16 de noviembre y que, supuestamente, fue fruto de la bondad de Carrefour, o así nos lo han querido vender.
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Tres meses jugando al ratón y al gato, Unísono, Sitel y Carrefour, escondiéndonos la bolita con la esperanza de que no viéramos que ni tan siquiera existía tal bolita.
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Tres meses de supuestas negociaciones entre Sitel, Carrefour y Unísono a las que la CGT solicitó estar y no se nos permitió, de las que se solicitó información y de las que nunca pudimos sacar nada en claro, ni siquiera lo que supuestamente estaban negociando.
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Tres meses en los que la CGT estuvo “arañando” información a Sitel e intentando trasladarla a las personas afectadas.
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Tres meses de asambleas, paros, huelgas, concentraciones y manifestaciones en los que la CGT tuvo que aguantar los berrinches de una empresa que pataleaba como “niño chico” cuando no le dejan romper sus juguetes.
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Finalmente, y sin mucha sorpresa para algunas personas, Carrefour ha decidido, en firme, que sus servicios de atención al cliente, hipermercado online y financiera los explote Unísono, una empresa con múltiples sedes en ámbito nacional, pero ninguna en Sevilla, cosa que no hace más que empeorar la situación para las más de 100 familias que a día de hoy están afectadas por esta medida en esta ciudad.
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Pero la cosa no termina ahí, ya que Sitel lleva desde agosto diciendo que se trata de una subrogación del 100% de las personas afectadas, tal y como dicta el art. 44 del Estatuto de los trabajadores, pero Unísono lleva también desde agosto diciendo que no hay subrogación que valga, que lo que van a hacer valer es el artículo 18 del Convenio Colectivo de Contact Center, artículo que vulnera la legislación laboral europea y que ya en su momento CGT denunció en Bruselas, ya que aplicar el art. 18 del Convenio significa renunciar a la antigüedad y a todos los derechos adquiridos tras tantos años en Sitel y sin ninguna garantía de que mañana Unísono no decida despedirlas, o incluso no le convenga contratarlas.
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Además, en una de las últimas comunicaciones que Unísono ha dirigido al personal afectado ya ha dejado meridianamente claro que no contemplan el teletrabajo, así que todas las personas de Sevilla que pudieran estar barajando aceptar “este fiasco de art. 18 del convenio” se verían obligadas a trasladarse a Madrid.
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Gracias al ingenio de estas tres grandes marcas como Carrefour, Sitel y Unísono, más de 300 personas a nivel estatal, y más de 100 en Sevilla, el próximo martes 16 de noviembre se encontrarán en un limbo legal y en tierra de nadie, y sin derecho a la prestación por desempleo de forma directa, técnicamente no van a estar despedidas, por lo que ni tan siquiera tendrán derecho a la prestación por desempleo y se les obliga a tener que demandar de forma individual más allá de lo que pueda hacer la CGT o cualquier otro Sindicato de forma colectiva, con el gasto añadido que este hecho va a suponer para sus maltrechas economías tras décadas en un sector precario por excelencia.
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A partir del día 16 de noviembre, las personas afectadas, tienen 15 días para solicitar la prestación por desempleo, cuando acudan a su cita es muy difícil que el CMAC se haya celebrado y no dispondrán del acta, por lo que tendrán que pedir una segunda cita y presentar dicha acta conforme se ha realizado la mediación, evidentemente sin acuerdo. Conociendo la forma de preceder ordinaria del SEPE y SAE, posiblemente estas personas se encuentren varios meses sin trabajo y sin ningún ingreso económico, pendientes de la regulación de sus prestaciones por desempleo.
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La CGT contactó con delegación de empleo, CMAC y SEPE, poniendo en conocimiento la situación que mencionamos, y preavisando de que estas más de 100 solicitudes si se cursan por cauces ordinarios provocará la más absoluta desolación para estas personas que vienen siendo maltratadas desde hace ya demasiado tiempo por una multinacional como Sitel, que arrastra más de 10 Expedientes Colectivos entre ERE’s y ERTE’s a nivel nacional y Sevilla siempre es el territorio más perjudicado.
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Además, casualmente, de estas más de 100 personas muchas ya fueron despedidas por Sitel en diciembre de 2019 y readmitidas posteriormente en agosto de 2020 tras sentencia de la Audiencia Nacional por ERE NULO.
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Lo cual evidencia que detrás de todo esto existe una estrategia empresarial que pretende deshacerse de casi 300 personas con gran antigüedad y derechos adquiridos ya no a bajo coste, sino gratis.
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A la CGT le cuesta mucho entender como esos organismos públicos, esas personas que gestionan dichos organismos públicos pueden permitir que grandes marcas como estas pretendan rentabilizar aún más sus negocios a costa del que menos tiene.
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