Los sindicatos, núcleos y secciones sindicales del sector de administración pública de la CGT que suscribimos el presente comunicado
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Nos oponemos, rotundamente, tanto al reciente Real Decreto-ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones públicas –“Icetazo”- como al “Acuerdo sobre el Plan de choque…” firmado un día antes en el seno de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, con el bloque de los sindicatos institucionalizados (CCOO, UGT, CSIF), con ese lobby sindical empeñado en reeditar los vergonzosos acuerdazos de 2017 y 2018 con Montoro-PP, ahora en la versión Iceta-PSOE.
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El reciente cese del Ministro responsable de dicho decretazo, Miquel Iceta, y la transferencia de la competencia de Función Pública a la titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, no altera en absoluto las consideraciones que exponemos a continuación.
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El colectivo de los trabajadores y trabajadoras precarizadas de la Administración Pública, el personal interino y temporal en abuso de contratación ve frustrada, por el momento, con la aprobación del Icetazo, su lucha por la estabilidad, por el trabajo digno, y por la defensa de unos servicios públicos cada vez más deteriorados por quienes no creen en ellos, por quienes los utilizan con aspiraciones espurias o directamente por quienes los saquean para calmar la avidez mercantilista del Capital.
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El alevoso y estival Real Decreto-ley fracasa en sus propósitos iniciales:
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NO PREVIENE nuevos abusos de contratación ya que sus veladas advertencias a las administraciones públicas solo contribuirán a una mayor volatilidad y rotación del empleo temporal, al abandono de determinados servicios públicos o finalmente a la externalización-privatización de los mismos.
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NO SANCIONA a las Administraciones ni a sus altos funcionarios, responsables de las mayores tasas de precariedad laboral conocidas en el sector público, superiores a las del sector privado.
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ATENTA CONTRA LA LUCHA Y LAS ASPIRACIONES de centenares de miles de trabajadores y trabajadoras temporales, la mayor parte de edad de difícil acceso al mercado laboral y en su gran mayoría mujeres. Conduce a quienes fueron abusados a procesos selectivos abiertos y de resultado incierto, descargando enteramente la responsabilidad del abuso sobre los propios trabajadores y trabadoras abusadas, y no sobre sus empleadores.
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Este decretazo no parece haber sido afectado ni por las Directivas ni por la jurisprudencia de la Unión Europea que, entre otros aspectos, rechazan explícitamente la indemnización por extinción del contrato o los denominados procesos de estabilización como medidas adecuadas para sancionar y prevenir el abuso de contratación.
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Tanto el acuerdo previo como el Real Decreto-ley son ajenos a otras soluciones que han sido puestas encima de la mesa por políticos, sindicatos, asociaciones y colectivos de interinos y temporales a lo largo de los últimos años. Años de lucha con la sonora ausencia, en la gran mayoría de las administraciones, de los sindicatos firmantes. Resulta del todo alarmante que las únicas indemnizaciones que finalmente se reconocen sean las equivalentes a un despido por causas objetivas en lo laboral y se despache con menos de un salario anual a quienes llevan, en algunos casos, decenas de años dedicados con solvencia al servicio público.
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Ni la sanción de fijeza, ni la conversión a indefinido a extinguir ni siquiera un procedimiento de acceso restringido como han sugerido distintas sentencias europeas o como prevé el propio TREBEP, en su artículo 61.6, u otras fórmulas donde la experiencia acumulada en la administración convocante sea realmente valorada como elemento definitorio del proceso, nada de ello ha sido considerado por estos liquidadores de lo público, por estos cómplices del poder dedicados por entero a los eufemismos de la externalización y la colaboración público-privada.
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Si este Acuerdo-Decreto es una engañifa para la Unión Europea, o si son los tribunales de esta Organización al servicio de las grandes corporaciones los que alimentan esperanzas vanas entre la clase trabajadora precarizada de nuestro país, lo iremos viendo con el paso de los años. De momento, lo que aquí se vislumbra es un continuado proceso de acumulación a través del saqueo de lo público, como ya vimos hace años con relación a las grandes empresas públicas, y como en un futuro inmediato sufriremos con el recorte de las rentas diferidas en pensiones.
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Desde nuestra responsabilidad obrera y sindical exigimos sanciones para quienes han sido responsables del continuado fraude en la contratación temporal y reclamamos una reforma del TREBEP que estabilice a los trabajadores y trabajadoras que han desarrollado un trabajo diario con dedicación, mérito y capacidad durante tantos años. Exigimos que las plazas susceptibles de estar ocupadas en abuso de temporalidad queden al margen de cualquier proceso selectivo de acceso libre en tanto no se determine la sanción y la justa compensación del abuso.
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Los Sindicatos, Núcleos y Secciones Sindicales de CGT que suscribimos el presente comunicado hacemos un llamamiento a la organización y movilización de todos los trabajadores y trabajadoras agredidas por este nuevo acuerdazo, pero también lo hacemos a quienes ostentan la titularidad de una plaza fija, pues la dilapidación de toda la experiencia perdida por el cese de sus compañeros y compañeras no será sino el anuncio de su precariedad laboral en el futuro.
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¡NO A LA CONVALIDACIÓN DEL ICETAZO!,
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¡POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y GESTIÓN DIRECTA!
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Suscribimos el comunicado las siguientes Secciones Sindicales del sector de Administración Pública de la CGT: Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Diputació de Barcelona, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Ajuntament d’Alacant, Universidad de la Laguna, Cabildo de Tenerife, Consell Insular de Mallorca, Ajuntament de Lleida, Ayuntamiento de Zaragoza, Administración de Justicia-Catalunya Central, Ajuntament de Molins de Rei, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de León, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Servei d’Ocupació de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Berga, Universidad de Alcalá, Ayuntamiento de Valladolid, Organisme Autònom Centre Cultural de Sant Cugat, Administración de Justicia-Barcelona, Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències, Diputació de Lleida, Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Diputación General de Aragón, y ATE Xunta de Galicia. También lo suscriben los Sindicatos y Núcleos de Administración Pública de la CGT de València, Alacant, Granada, Castelló, Sallent, Anoia, Sevilla, Tenerife, Zaragoza, Ourense, y León.
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13 de julio de 2021
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