Sánchez Gordillo, condenado por violar derechos fundamentales de la plantilla de su ayuntamiento durante su mandato como alcalde

Sánchez Gordillo termina sus años de alcalde siendo condenado por violar derechos fundamentales de la plantilla de su Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Marinaleda ha sido condenado por violar derechos fundamentales de sus empleados/as, según la sentencia firme del Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla (sentencia nº 207/23). Esta condena surge a raíz de la impugnación de una sanción impuesta a una compañera de CGT, quien acudió al SERCLA antes de una huelga convocada en el servicio de atención domiciliaria de la localidad, resultando en una deducción salarial de dos días.

Triste final a una trayectoria que se ve enturbiada por el trato injusto que el Ayuntamiento de Marinaleda ha venido dando a sus empleados/as: contratos en fraude de ley que requieren regularización por parte de la Inspección de Trabajo, salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), falta de reconocimiento de antigüedades, obstáculos para la conciliación entre vida laboral y familiar, carencia de convenio colectivo, eliminación de las 35 horas semanales, sanciones a aquellos que reclaman sus derechos básicos, existencia de bolsas de trabajo sospechosas, violación del derecho de huelga y persecución sindical.

Estos problemas representan una herencia mas que reprochable para aquellos que asuman la responsabilidad del Ayuntamiento en el futuro cercano. Próximamente, deberán enfrentarse a un nuevo juicio por la sanción impuesta a otra compañera del servicio de Atención Domiciliaria, un caso idéntico al que ahora ha resultado en sentencia y condena para el equipo de Gobierno de Marinaleda, el despido injusto y represor de Conchi, responsable de la sección sindical de CGT, que esta previsto para el próximo mes de febrero de 2024. Además, hay otras instancias judiciales e inspecciones pendientes.

Es lamentable que la lentitud del sistema judicial esté impidiendo el cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). Han pasado más de tres años para que una sanción injusta, desproporcionada, represiva y violadora de los Derechos Fundamentales finalmente se materialice en una sentencia que ha condenado Ayuntamiento de Marinaleda por violar los derechos fundamentales de su plantilla.

 

El tiempo, la razón y la paciencia con este sistema ponen a cada cual en su lugar.

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