El comunicado sobre “reputación digital” ha sido remitido al sindicato CGT en Andalucía como patrocinador del archivo virtual 'Todos los nombres'
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La solicitud, a través de un bufete de abogados, parte del hijo del secretario del consejo de guerra que enjuició al poeta, Antonio Luis Baena Tocón
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La demanda apunta a un artículo escrito por el exalcalde de Córdoba, Herminio Trigo, que refiere al “interventor que habíamos tenido en el Ayuntamiento”
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La Universidad de Alicante ha accedido de forma cautelar a una solicitud similar amparada en la ley europea de Protección de Datos
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Juan Miguel Baquero / 18/06/2019 – 21:09h
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La Universidad de Alicante accede a la petición de un familiar y borra de su web el nombre de un miembro del tribunal que condenó a muerte a Miguel Hernández
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La base de datos ‘Todos los nombres’ ha recibido una petición para que borre de su página web el nombre del secretario del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández, Antonio Luis Baena Tocón. Como en el caso de la Universidad de Alicante (UA), la reclamación ha sido presentada por el hijo del miembro del tribunal franquista que enjuició al poeta.
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El comunicado, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, ha sido remitido a la Confederación General del Trabajo (CGT) como entidad patrocinadora de ‘Todos los nombres’. La solicitud, entregada a través de un bufete de abogados, se ampara en la ley europea de Protección de Datos.
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El hijo de Baena Tocón ya ha logrado que la universidad alicantina retire la mención a su padre en dos artículos alojados en su web, según la información adelantada por El País. En el caso de ‘Todos los nombres’ la denuncia refiere a “una noticia copiada de prensa”: un artículo escrito por el exalcalde de Córdoba, Herminio Trigo, titulado ‘La historia en las cunetas’.
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“Datos de dominio público”
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“Se nos pide retirar el nombre de un miembro de un tribunal militar e interventor del ayuntamiento (de Córdoba), cuyos datos son de dominio público”, aseguran fuentes del sindicato en Andalucía consultadas por este periódico. Como ocurre, subrayan, con en el nombramiento del citado Baena Tocón en el puesto de interventor del Ayuntamiento de Córdoba el 29 de junio de 1966.
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“Ahora estamos a la espera de la consulta elevada por los abogados de CGT a la Agencia de Protección de Datos”, según Cecilio Gordillo, portavoz del grupo memorialista del sindicato y del archivo virtual con casi 100.000 víctimas del franquismo. El escrito da “un mes de plazo” para practicar la “supresión solicitada” y que sea notificada al interesado.
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LA UA, que ha accedido a la solicitud, asegura que se trata de una decisión cautelar y provisional. La institución está a la espera de la decisión de una comisión designada para el caso. “La actitud tomada por la Universidad de Alicante será determinante en este caso”, apuntan desde CGT-A.
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El sindicato aventura que deberá tomar la misma decisión. “Posiblemente hagamos lo que ya hicimos en un primer caso que nos llegó –sobre el atentado contra la revista satírica El Papus–, o sea sustituir el nombre completo por las iniciales”, afirman en declaraciones a eldiario.es Andalucía.
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“Un asunto de reputación digital”
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“El año pasado (2017) supe que el interventor que habíamos tenido en el Ayuntamiento durante los primeros años, Antonio Baena Tocón, fue miembro del Tribunal Militar que condenó a Miguel Hernández”, escribía el exalcalde de Córdoba, Herminio Trigo.
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El artículo, que menciona por tanto al miembro del ejército franquista, fue publicado de forma original en febrero de 2018 en Nueva Tribuna. La base de datos ‘Todos los nombres’ reproduce el texto en su web, en el apartado de noticias.
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Trigo relata cómo “el franquismo cometió cientos de miles de asesinatos que quedaron impunes”. “Lo hicieron con una crueldad inusitada y privaron además a los familiares de las víctimas del consuelo de poder velar y enterrar sus cadáveres de una forma digna y decente”, asegura.
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El requerimiento recibido en CGT Andalucía señala que es “en relación a un asunto de reputación digital”. El bufete de abogados pide al sindicato que “atiendan con diligencia” la solicitud en nombre del “titular de los derechos de protección de datos y quién ejercita su derecho”, es decir, el hijo del secretario del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández.
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El comunicado, enviado por correo electrónico, está encabezado por el asunto “¡IMPORTANTE! Todos Los Nombres – Derecho de Cancelación de Datos”. La reclamación remite al reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea.
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El peticionario “ejerce el derecho de supresión como persona autorizada” y “como persona vinculada al fallecido por razones familiares y de heredero”. Y solicita, por tanto, “que se proceda a acordar la eliminación de los datos personales” que aparecen en una información copiada en ‘Todos los nombres’.
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En el caso de la Universidad de Alicante, los artículos aludidos están firmados por el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá. El autor ha denunciado el “olvido digital” al que han sido sometidos sus escritos después de que la UA haya procedido a desindexar el nombre de Antonio Luis Baena Tocón. La institución ha dejado únicamente las iniciales en uno de los documentos.
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En 1940, el poeta Miguel Hernández fue condenado a muerte. Sin embargo, enfermo de tuberculosis, terminó por fallecer en la cárcel en 1942. El hijo de Baena Tocón defiende que en los artículos del catedrático, su padre es presentado como “un verdugo y fue una víctima más”.
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https://www.eldiario.es/andalucia/nombres-peticion-tribunal-Miguel-Hernandez_0_911309759.html
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EL 'BORRADO' DEL JUICIO A MIGUEL HERNÁNDEZ AMENAZA A MEDIOS Y WEBS MEMORIALISTAS
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El digital Nueva Tribuna y la web “Todos (…) los nombres” reciben una petición formal para que eliminen de un artículo el nombre del secretario del juicio franquista contra Miguel Hernández, Antonio Luis Baena Tocón. La Universidad de Alicante accedió, ante esta petición, a borrar de manera cautelar este nombre en dos publicaciones en su versión digital. Investigadores, historiadores y juristas denuncian que lo que está en juego es el derecho a “investigar” y a la “memoria histórica”.
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PÚBLICO | ALEJANDRO TORRÚS / PABLO ROMERO | MADRID | 18-6-2019
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La Universidad de Alicante ha accedido de manera provisional a borrar de dos artículos digitales del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá el nombre del alférez que participó como secretario en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta, Antonio Luis Baena Tocón. Lo ha hecho tras recibir una petición del hijo del alférez en virtud de la Ley de Protección de Datos. La decisión ha causado un gran revuelo entre historiadores y académicos al sentar un peligroso precedente para sus trabajos de investigación. Sin embargo, la Universidad de Alicante no es la única que ha recibido una petición para que el nombre de Antonio Luis Baena Tocón desaparezca de la historia.
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Este periódico ha constatado como los abogados del hijo del alférez también han remitido sendos escritos al medio de comunicación Nueva Tribuna, asociado a Público, y a la web memorialista de Andalucía Todos los Nombres. El motivo de la carta es el mismo: eliminar el nombre Antonio Luis Baena Tocón del artículo La Historia en las cunetas, publicado originalmente en Nueva Tribuna y firmado por Herminio Trigo, alcalde de Córdoba durante nueve años.
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El exalcalde cuenta en el artículo en cuestión que descubrió en 2017 que Antonio Luis Baena Tocón, además de ser “el interventor” del Ayuntamiento de Córdoba “durante los primeros años” de gobierno de IU en la ciudad, “fue miembro del Tribunal Militar que condenó a Miguel Hernández”. “Aunque en su momento lo hubiéramos sabido, poco se podía hacer, estaba amnistiado”, prosigue Trigo en su artículo.
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En este sentido, Público ha contactado con los responsables de Nueva Tribuna y de la web memorialista Todos los nombres. La respuesta es que la petición del hijo del secretario del juicio a Miguel Hernández se ha puesto en manos de los respectivos equipos jurídicos que tomarán una decisión tras contactar con la Agencia de Protección de Datos. De momento, no obstante, Nueva Tribuna ha señalado que no “va a retirar el artículo en el que se menciona al alférez franquista Antonio Luis Baena”.
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“No es la primera vez que recibimos una petición de este tipo. Una vez tuvimos que eliminar el nombre de la persona que puso la bomba contra la revista satírica 'El Papus'. Tuvimos que sustituirlo por sus iniciales. En aquel caso actuamos como vamos a hacer en este. Lo pusimos en conocimiento de nuestro abogado quien, tras consultar con la Agencia de Protección de Datos, nos recomendó sustituir el nombre por las iniciales”, explica Cecilio Gordillo a Público, que explica que ahora están a la espera de los consejos de su abogado.
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El caso del 'borrado' del nombre del secretario del juicio de Miguel Hernández, sin embargo, ha llamado mucho más la atención que el denunciado por Gordillo. Por varios motivos. Primero, por la fuerza que tiene Miguel Hernández como símbolo de la represión franquista. Segundo, porque historiadores e investigadores han visto en la cesión de la Universidad de Alicante una amenaza para sus trabajos y publicaciones.
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José Luis Ferris, autor del libro Miguel Hernández: Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, señala a Público que la decisión de la Universidad de Alicante le parece “demencial”. “Ya han pasado unos cuantos años desde que murió Franco y se acabó la censura. No entiendo el porqué de la decisión. Siempre y cuando se pueda demostrar lo que estás contando no se debe eliminar ningún nombre. La decisión de la UA, que dice estar sujeta a la Ley de Protección de Datos, está coartando la libertad de los investigadores para sacar a la luz lo que nunca debió estar debajo de la luz”.
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En este sentido, Ferris señala que “no tiene ninguna duda” de que la investigación de Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española en la UA, es “completamente correcta”. “Me consta que Ruiz Carratalá ha trabajado con datos fidedignos y que pueda documentar todo lo que ha publicado. Espero que la Universidad rectifique porque si no se sentará un peligroso precedente y vamos a tener que borrar muchos nombres de nuestras investigaciones”, sentencia Ferris.
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La directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante, María del Olmo Ibáñez, ha corroborado a Público que el nombre de Antonio Luis Baena Tocón aparece hasta en diez documentos en el expediente del juicio a Miguel Hernández como secretario. “He estudiado el expediente de Miguel Hernández y puedo atestiguar que el nombre de este señor consta como mínimo en diez documentos y, además, aparece su firma”, explica Del Olmo, que también fue comisaría de la exposición Miguel Hernández en la cárcel de Alicante. Un intento de silenciar la palabra.
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Del Olmo Ibáñez denuncia que la actual Ley de Protección de Datos resulta “una piedra en el zapato” en la labor de los investigadores y, sobre todo, en el acceso a los archivos. “Esta ley nos ha supuesto un retroceso tremendo. La causa general del franquismo, por ejemplo, estaba online a libre disposición y la tuvimos que retirar por la Ley de Protección de Datos. Pero hay más ejemplos. Tenemos todos los expedientes penitenciarios que dejó la represión en la provincia. Se pueden consultar de manera presencial en el Archivo, pero no podemos subirlos a la web por la citada Ley”, prosigue la doctora en Historia.
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¿Qué dice la Ley de Protección de Datos y su uso por parte de familiares?
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¿Hasta qué punto tiene derecho un familiar de un personaje a eliminar el rastro de éste en internet? ¿Y qué sucede si dicho personaje tuvo un papel, aunque mínimo, en un acontecimiento histórico? ¿Prevalece el interés público de la memoria colectiva, o el derecho al olvido de un descendiente que se siente mancillado?
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La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, establece en su artículo 2 que ésta no se aplica a las personas fallecidas, pero en el artículo 3 afirma que “las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquélla y, en su caso, su rectificación o supresión“.
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Es decir, en principio y con carácter general un hijo sí puede solicitar la supresión del nombre de su padre fallecido de un documento. Sin embargo, no es tan sencillo. En la misma ley, el artículo 93, que regula el derecho al olvido en búsquedas de internet, obliga a tener en cuenta “los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información”.
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En un riguroso análisis del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno Linera, este académico razona que en el caso del hijo de Antonio Luis Baena Tocón, “si, como es el caso, el padre del solicitante participó como secretario judicial en un consejo militar parece que eso implica el desempeño de una función pública que tiene trascendencia social, y más repercusión todavía si el condenado fue el poeta Miguel Hernández”.
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Asimismo, el Reglamento General de Protección de Datos europeo, de aplicación directa, establece en su artículo 87 una serie de excepciones aplicables al tratamiento con fines de investigación científica o histórica. En su apartado 2 alude expresamente a la investigación histórica, y prevé que puedan establecerse excepciones en el derecho al olvido de un sujeto (como el caso de un fallecido con un papel determinado en la historia) “siempre que sea probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de los fines científicos y cuanto esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines”.
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Por último, en la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la UE relativa al caso Costeja, los jueces europeos establecieron además una excepción esencial al derecho al olvido: hay que ponderar el papel desempeñado por el interesado en la vida pública para justificar o no el interés del público en tener acceso a dicha información.
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“Estamos hablando de la vida pública de datos históricos”, comenta a Público el abogado Carlos Sánchez Almeida, director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, que destaca que “existe un riesgo de 'amnesia histórica' ya no tanto para una universidad pública —que puede conllevar un 'efecto Streisand' de libro, como acaba de suceder— sino para pequeños sitios web, blogs de investigadores independientes y demás, que van a terminar recibiendo peticiones de derecho al olvido y, ante la posibilidad de sanciones o demandas, la gente se autocensure”. “Tenemos que tener todos claro que lo que está en juego es nuestra memoria histórica”, concluye.
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https://www.publico.es/politica/miguel-hernandez-borrado-juicio-miguel-h…
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MIGUEL HERNÁNDEZ YA NO TIENE QUIEN LE CONDENE
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La Universidad de Alicante ha eliminado el nombre del secretario del consejo de guerra de varios documentos de su web a petición de un familiar.
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DIARIO 16 | JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ | 18-6-2019
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Si la cosa prospera y cunde el ejemplo, empleando el manido título de García Márquez, puede que Miguel Hernández ya no tenga quien le condene. Y es que una decisión, cautelar por el momento, de la Universidad de Alicante, ha hecho desaparecer el nombre de uno de los miembros del consejo de guerra que sentenció a muerte al poeta de Orihuela. Lo ha hecho a petición de un familiar y por ahora solo en varios documentos alojados en su web oficial.
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“La historia, para bien y para mal, la hacen las mujeres y los hombres, y eliminar sus nombres es una forma de relativizar lo ocurrido”
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La Universidad habría aceptado de este modo la petición del hijo de un alférez del ejército franquista, Antonio Luis Baena Tocón, que ejerció de secretario judicial en el consejo militar que tomó aquella fatídica decisión, más tarde conmutada por 30 años de cárcel. Según una investigación llevada a cabo por el diario El País, el nombre de Baena Tocón aparece en diversos artículos del especialista en Memoria Histórica y catedrático de Literatura Española de esa misma institución, Juan Antonio Ríos Carratalá, publicados en la página web de la universidad; esos han sido los textos censurados.
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El familiar ha presentado su solicitud amparándose en la ley de protección de datos personales y del reglamento europeo, y ha amenazado con una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos y el correspondiente procedimiento judicial si no se atendía su petición. En consecuencia, la Universidad de Alicante ha eliminado el nombre de Baena Tocón de los citados artículos sustituyéndolos por meras iniciales.
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En su resolución, la Universidad viene a justificar su decisión defendiendo la escasa relevancia de Baena Tocón en los acontecimientos, y al no alcanzar “la consideración de figura pública, se interpreta que debe garantizarse la protección de supresión y el derecho al olvido digital del afectado”. No obstante, desde la institución insisten en que se trata de una decisión cautelar y provisional, adoptada a partir del informe de la delegación de Protección de Datos. Aún quedaría conocer la decisión de una comisión que estudiará el caso para adoptar la medida definitiva.
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Una historia sin nombres
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La resolución de este caso podría sentar un precedente muy peligroso para el futuro del estudio de la historia en España. ¿Cómo y quién decide qué nombres son los importantes? ¿Vamos a empezar a llenar de tachones los certificados, informes, condenas y resoluciones? La historia, para bien y para mal, la hacen las mujeres y los hombres, y eliminar sus nombres es una forma de relativizar lo ocurrido: esto pasó, y alguien debió hacerlo, aunque ‘eso es lo de menos’.
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A finales de abril de 1939, un Miguel Hernández acosado por la represión franquista llegó hasta el pueblo onubense de Aroche, y desde allí pasó a la localidad portuguesa de Santo Aleixo a través del río Rivera de Chanza. Para conseguir algo de sustento vendió un traje y el reloj que le había regalado Vicente Aleixandre por su boda, pero tuvo la mala fortuna de que el mismo hombre que lo compró lo denunció a la policía, y el 4 de mayo ya dormía en el calabozo del puesto fronterizo de Rosal de la Frontera (Huelva).
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Antonio Márquez Bueno, agente de segunda clase del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, era el jefe del puesto de Rosal de la Frontera. En su despacho, dictó al agente auxiliar interino Rafael Córdoba los datos para rellenar el informe de detención de aquel joven de 28 años, Miguel Hernández Gilabert, quien un año después, el 18 de enero de 1940, habría de ser condenado a la pena de muerte por un delito de “adhesión a la rebelión”, a través del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia Nº 21001. Aquella causa estuvo en manos de un consejo militar integrado por un grupo de hombres con nombres y apellidos. Al menos, hasta ahora. En unos años, quién sabe, se queden en un puñado de siglas. Y poco después, solo olvido y desmemoria.
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https://diario16.com/miguel-hernandez-ya-no-tiene-quien-le-condene/
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ANTECEDENTES:
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https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/ignorancia-historica_1206769.html
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La noticia que tenemos colgada es la siguiente:
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http://www.todoslosnombres.org/content/noticias/cordoba-la-historia-en-las-cunetas-herminio-trigo
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