La lucha de los trabajadores de los planes de empleo de Melilla ha dado sus frutos. La Ciudad Autónoma ha tenido que abonar las cantidades adeudadas, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligaba a la administración a reconocer la equiparación salarial de estos empleados con el resto del personal público.
Esta victoria es el resultado de la acción sindical de CGT, que denunció la discriminación salarial que sufrían estos trabajadores, forzando a la administración a asumir su responsabilidad. Finalmente, el Gobierno de Melilla ha desembolsado 2,2 millones de euros a cientos de afectados por el incumplimiento del convenio.
Un conflicto laboral que CGT llevó hasta la justicia
El conflicto se originó cuando la administración melillense aplicó la disposición transitoria cuarta del IX Convenio Colectivo de Personal Laboral, lo que redujo de manera injustificada los salarios de los trabajadores de los planes de empleo. Esta cláusula generaba una discriminación respecto al resto de empleados públicos que desempeñaban funciones similares.
CGT llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el 11 de noviembre de 2024 falló a favor de los trabajadores. La sentencia declaró nula dicha disposición transitoria, obligando a la administración a pagar las diferencias salariales correspondientes a los afectados.
Desde el principio, la actitud del Gobierno de Melilla fue de bloqueo, demorando el cumplimiento de la sentencia y generando incertidumbre entre los trabajadores. A pesar de ello, la presión sindical y legal ha conseguido que la administración finalmente pague lo adeudado.
El pago llega tarde, pero llega: 2,2 millones de euros abonados
El pago de los 2.195.760 euros a los trabajadores afectados se efectuó entre el viernes y el lunes de esta semana, tras la resolución de los trámites administrativos necesarios.
Esta cantidad beneficia a cientos de empleados de los planes de empleo gestionados por la Ciudad Autónoma de Melilla, quienes han estado percibiendo un salario injustamente reducido durante 2023 y 2024.
El Gobierno de Melilla atribuye el retraso en los pagos a cuestiones burocráticas, alegando dificultades en la gestión de las nóminas y en la aplicación de los complementos salariales. Sin embargo, CGT ha señalado que esta tardanza solo refleja la ineficiencia administrativa y la falta de voluntad política para reconocer los derechos de los trabajadores.
Un precedente importante para futuros planes de empleo
El cumplimiento de esta sentencia no solo representa una compensación económica para los afectados, sino que sienta un precedente clave para los futuros planes de empleo en Melilla.
CGT ha denunciado en múltiples ocasiones que estos programas, en lugar de ser una herramienta de inserción laboral digna, han servido como empleo precario encubierto, con sueldos reducidos y sin las mismas garantías que el resto de empleados públicos.
Ahora, con este fallo judicial, queda claro que la administración no puede aplicar criterios salariales arbitrarios ni tratar a los trabajadores de los planes de empleo como mano de obra de segunda categoría.
La importancia de la acción sindical y la lucha colectiva
Este caso demuestra, una vez más, que la organización y la lucha sindical son herramientas fundamentales para la defensa de los derechos laborales. Sin la impugnación presentada por CGT, esta discriminación salarial habría continuado sin consecuencias para la administración.
CGT seguirá vigilante para garantizar que no se repitan estos abusos en futuros planes de empleo y que la administración cumpla con sus obligaciones laborales y salariales desde el primer momento, sin necesidad de llegar a los tribunales.
Desde el sindicato animamos a todos los trabajadores a organizarse y reclamar condiciones dignas, porque este caso ha demostrado que cuando peleamos juntos, ganamos.
