CGT Andalucía, Ceuta y Melilla se dirige a la opinión pública, a los medios de comunicación y, muy especialmente, a las trabajadoras y trabajadores del sector medioambiental para denunciar una vez más la actitud hostil, sistemática y profundamente desleal del Partido Popular hacia quienes dedicamos nuestra vida a la prevención de incendios, la conservación de nuestros ecosistemas y la gestión responsable del territorio andaluz. Lejos de cumplir con sus promesas, el gobierno autonómico ha vuelto a faltar a la verdad, a la legalidad y al más elemental sentido de justicia social.
La Junta de Andalucía pretende, mediante un comunicado de maquillaje institucional, que ha “cumplido” con los compromisos adquiridos con las plantillas de las agencias AMAYA y EMA. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es bien distinta: nos han engañado de nuevo. Lo que se presenta como un avance histórico no es más que un complemento discrecional, inventado sobre la marcha y etiquetado arbitrariamente como “de antigüedad”, que no alcanza ni el 20% del montante real de los trienios adeudados. Este parche contable carece de carácter consolidable, no genera efectos retroactivos, no computa a efectos de jubilación ni de derechos pasivos, y se otorga al margen de la negociación colectiva real. Es, en esencia, una maniobra de contabilidad creativa diseñada para simular un derecho sin reconocerlo, y para eludir las obligaciones legales que el Estatuto Básico del Empleado Público impone a todas las administraciones.
Esta situación coloca a los trabajadores y trabajadoras de las agencias medioambientales en una posición de absoluta desigualdad: son, con diferencia, los únicos empleados públicos en Andalucía que carecen de retribuciones por trienios de ejercicio. Mientras docentes, sanitarios, administrativos o personal de otros servicios públicos ven reconocido su plus de antigüedad como un derecho irrenunciable, el personal ambiental es tratado como mano de obra desechable y de segunda categoría. Esta discriminación estructural es inaceptable y ejemplifica a la perfección el desprecio histórico que el PP mantiene hacia el medio ambiente y hacia quienes lo defienden con profesionalidad, sacrificio y vocación de servicio público. No es un olvido administrativo: es una jerarquía deliberada que sitúa la protección de la naturaleza por debajo de cualquier otra política pública.
No nos engañemos: esta medida no responde a una necesidad técnica ni a una voluntad reparadora. Es un puro ejercicio electoralista, calculado al milímetro para obtener un titular de cara a las próximas citas electorales y desactivar el malestar social acumulado. Y, como ha ocurrido en demasiadas ocasiones, los sindicatos del régimen (UGT, CCOO y CSIF) han vuelto a jugar un papel cómplice, legitimando un acuerdo cerrado en despachos y espaldas a las asambleas de base. Su dependencia crónica de las subvenciones institucionales los convierte en correas de transmisión del poder, incapaces de ejercer una oposición real cuando el gobierno de turno —sea del color que sea— exige sumisión. Han vendido la dignidad de sus afiliadas por un cheque institucional, por la comodidad de la mesa camilla y por el silencio pactado.
Esta jugada es, además, una respuesta directa y calculada a la protesta masiva convocada hoy por CGT, SIBFI y el Movimiento INFOCA frente al Palacio de San Telmo. La concentración no fue un acto simbólico: fue un grito de urgencia laboral y social, respaldado por años de informes técnicos, actas de negociación incumplidas y denuncias sistemáticas. Nuestra primera reivindicación es clara, unitaria e innegociable: la recuperación íntegra de la antigüedad, arrancada arbitrariamente a las plantillas de AMAYA y, hoy, de EMA, y que ha generado un perjuicio económico estructural que ninguna limosna electoralista va a reparar. La antigüedad completa no es un capricho sindical; es la única forma justa de reconocer la experiencia acumulada, la responsabilidad asumida y la lealtad institucional demostrada año tras año.
Resulta incomprensible e indignante que un porcentaje tan significativo de profesionales de las agencias ambientales perciban el salario muy cercano al mínimo interprofesional mientras desempeñan tareas especializadas, complejas y de alto riesgo, que exigen una elevada cualificación, formación continua y una disponibilidad extrema. La pérdida de poder adquisitivo en estas plantillas se cuantifica en torno al 20% en los últimos años, una sangría silenciosa que está empujando a muchas familias andaluzas al límite de la pobreza. No es una crisis coyuntural: es un diseño político. El PP no solo se niega a frenar este hundimiento, sino que lo profundiza deliberadamente, sacrificando la calidad de vida de quienes garantizan la protección civil, la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de nuestro territorio frente al cambio climático. Mientras tanto, se sigue recortando partida a partida y externalizando servicios esenciales.
Ante esta realidad, la pregunta se impone con urgencia y debe responderse sin eufemismos: ¿Por qué el PP odia tanto al sector medioambiental andaluz? La respuesta no es casual. Responde a un modelo económico extractivista y especulativo que ve en la protección ambiental un obstáculo para la rentabilidad a corto plazo, en la gestión pública un lastre para la privatización encubierta, y en los trabajadores ambientales un coste que hay que minimizar a toda costa. No es un despiste: es una política deliberada de desmantelamiento, precarización y desvalorización institucional. El medio ambiente, para este gobierno, no es un bien común: es un negocio pendiente de liberalizar.
Frente a este escenario, CGT reafirma su compromiso inquebrantable. Como sindicato independiente que no acepta subvenciones gubernamentales, que no negocia su independencia a cambio de prebendas institucionales y que basa su fuerza en la democracia asamblearia y la acción directa, seguirá defendiendo los intereses legítimos de las plantillas, por encima de componendas cocinadas en mesas camilla al margen de los representantes reales de la clase trabajadora. Esa independencia organizativa no es un detalle menor: es nuestra fuerza, nuestra coherencia histórica y nuestra única garantía de futuro. Mientras otros pactan el silencio, nosotros mantenemos la voz. Mientras otros firman la rendición, nosotros preparamos la resistencia.
Es hora de señalar responsabilidades y de actuar con consecuencia. Hay que castigar tanto a los sindicatos amarillos que han traicionado a sus bases firmando acuerdos a la baja, como a los políticos que los tienen cooptados mediante cargos de confianza, dietas opacas y prebendas al margen de la acción sindical genuina. La complicidad no es neutralidad; es colaboración activa en la degradación laboral. Y la clase trabajadora ya no está dispuesta a pagar el precio de su traición.
No aceptamos migajas disfrazadas de derechos. No validamos parches que consolidan la precariedad. Exigimos la recuperación íntegra de los trienios, la equiparación salarial real con el resto del empleo público, y un compromiso vinculante de mejora estructural de las condiciones laborales del sector medioambiental. La movilización no termina hoy: se intensifica. Las asambleas de base decidirán los próximos pasos, incluyendo la convocatoria de paros, acciones legales y campañas de solidaridad intersectorial.
La antigüedad se recupera íntegra, es nuestro derecho inalienable
Seguimos en la lucha. Seguimos en la calle. Seguimos siendo la voz de quienes no tienen micrófono institucional.
¡Por unos servicios ambientales públicos, dignos y bien remunerados!
¡Basta de precariedad, engaños y traiciones!
¡Ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos!
CGT ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA
14 de mayo de 2026
