En Ceuta, el caso del despido de 33 personas en el “call center” operado por International Vocational Training (IVT), ha desatado una serie de cuestionamientos críticos. Este caso, que ha sido denunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT), ha revelado prácticas cuestionables en el proceso de adjudicación de contratos públicos, apuntando hacia un esquema que favorecía a la empresa Gestlabor. La situación ha planteado serias dudas sobre la transparencia y la legalidad en la gestión de fondos públicos y ha puesto en primer plano la necesidad de un escrutinio más riguroso en las adjudicaciones de contratos en Ceuta.
El primer ‘call center’ de Ceuta, establecido por International Vocational Training (IVT), representaba una oportunidad de desarrollo económico significativa para la ciudad. En diciembre de 2022, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, celebró la creación de 33 nuevos empleos, augurando un futuro prometedor para esta nueva actividad empresarial. El call center, inicialmente ubicado en las dependencias de la Cámara de Comercio y más tarde en el Polígono Virgen de África y el Poblado Marinero, simbolizaba un avance hacia la diversificación económica y el progreso tecnológico en Ceuta. Sin embargo, este optimismo inicial pronto se desvaneció con los despidos, que el sindicato CGT ha considerado una forma de ERE encubierto, y que ha suscitó la demanda colectiva contra la empresa por parte de los trabajadores.
El despido colectivo de los trabajadores del call center, gestionado por International Vocational Training (IVT), ha desencadenado una fuerte respuesta del sindicato CGT. La situación ha sido descrita por CGT como un «pelotazo en toda regla», una operación que, aunque prometedora en papel, resultó en el despido de la plantilla, frustrando las esperanzas de estabilidad laboral de muchos ceutíes. El sindicato ha criticado duramente la gestión del proyecto, destacando el incumplimiento de los compromisos laborales por parte de IVT y señalando el uso indebido de fondos públicos.
En este contexto, CGT ha llevado el caso a juicio, buscando la nulidad de los despidos y alegando que se llevaron a cabo de manera engañosa y sin cumplir con las normativas legales. La Inspección de Trabajo había emitido informes previos llamando al orden a IVT por no cumplir con sus compromisos de empleo, a pesar de recibir un importante montante económico de subvenciones públicas. Este episodio ha generado dudas sobre la supervisión y la transparencia en la gestión de proyectos financiados con fondos públicos en Ceuta, y ha destacado la necesidad de una mayor rendición de cuentas en la adjudicación de contratos públicos.
El papel de Procesa, la sociedad municipal de desarrollo de Ceuta, ha estado en el centro de la polémica en el caso del call center operado por IVT. Procesa fue la entidad responsable de subvencionar el proyecto, con el objetivo declarado de fomentar el empleo y la diversificación económica en Ceuta. Sin embargo, las circunstancias que rodean el despido colectivo y la gestión del proyecto han planteado preguntas serias sobre la eficacia y la transparencia en el uso de estos fondos públicos.
Según fuentes de Procesa, las ayudas se destinaron específicamente a la formación de más de 100 ceutíes para trabajar en el sector de la atención telefónica, con más de un tercio de este grupo siendo posteriormente contratado por IVT. No obstante, la viabilidad del modelo de negocio de IVT fue cuestionada cuando, tras solo tres meses de operación, cerró sus puertas, dejando a muchos de sus empleados recién contratados sin trabajo.
Este desarrollo ha generado un escrutinio sobre las decisiones y acciones de Procesa, especialmente en lo que respecta a la adjudicación de contratos y la supervisión de proyectos financiados con fondos públicos. La situación del call center en Ceuta ha destacado la importancia de garantizar que los proyectos subvencionados cumplan con sus objetivos declarados y se gestionen de manera que beneficien realmente a la comunidad local.
La adjudicación del proyecto de formación para el call center a Gestlabor ha generado serias dudas sobre la equidad y la transparencia en los procesos de licitación en Ceuta. El pliego de condiciones, firmado por Jose Ramón Olmedo Izar de la Fuente, subdirector de Procesa, contenía requisitos específicos que aparentemente solo Gestlabor podía satisfacer. Este aspecto del pliego ha sido objeto de críticas, ya que limitó la competencia y aseguró que Gestlabor fuera la única candidata viable para la adjudicación,.
Uno de los requisitos más cuestionables fue la exigencia de contar con acreditación para la docencia en Hostelería, a pesar de que los módulos del curso eran genéricos y no estaban directamente relacionados con dicho sector. Esta cláusula específica en el pliego de condiciones técnicas pareció diseñarse para favorecer a Gestlabor, lo que ha levantado sospechas sobre la objetividad del proceso
La relación entre Gestlabor e International Vocational Training (IVT) plantea serias dudas sobre la integridad del proceso de adjudicación. El administrador de la Academia ECOS (Academia SOCE SLU), donde también se domicilió IVT e a su vez administrador de IVT, junto con Francisco Romero, anterior administrador de Gestlabor y ahora con la administración pasando a su hijo, representan un nexo directo entre ambas entidades. Este entrelazamiento puede haber permitido que el conglomerado Gestlabor-IVT obtuviera beneficios significativos sin asumir riesgos financieros, utilizando los fondos de la licitación para cubrir los salarios. Esta situación subraya un potencial conflicto de intereses y cuestiona la equidad del proceso de adjudicación.
Con la corrección del presupuesto adjudicado a 252.000 euros, procedemos a ajustar el análisis financiero del proyecto. Utilizando el coste de 25 euros por hora para los profesores, el costo total de la docencia para los 7 cursos sería de aproximadamente 35.000 euros (200 horas x 7 cursos x 25 euros/hora).
Sumando este costo al de las 2.976 horas de trabajo para los 31 alumnos seleccionados, con un coste empresa de 15 euros por hora, dejando un margen en 5 euros superior al del propio Convenio del sector, nos da un total de 44.640 euros. Al sumar estos conceptos, el gasto total del proyecto ascendería a aproximadamente 79.640 euros. Esta cifra está significativamente por debajo del presupuesto adjudicado de 252.000 euros, sugiriendo un margen de beneficio de más de 100.000 euros para el conglomerado Gestlabor-IVT,
Este análisis destaca una notable discrepancia entre los costos reales y el presupuesto adjudicado, planteando inquietudes sobre la eficiencia y la justificación en el manejo de los fondos públicos para este proyecto, así como sobre la posible adjudicación ineficiente que favorece desproporcionadamente a la empresa beneficiaria
El caso del call center de Ceuta y la adjudicación cuestionable a Gestlabor no es solo una cuestión de legalidad, sino también de ética en la gestión de fondos públicos, especialmente aquellos provenientes de la Unión Europea. En una ciudad donde el paro supera el 28%, el uso responsable y transparente de dichos fondos es crucial para garantizar un desarrollo económico justo y sostenible. La estabilidad del número de desempleados en Ceuta, a pesar de un aparente crecimiento económico, revela un desafío mayor: la creación de empleo real y sostenible que beneficie a la población local.
Este caso pone en relieve la importancia de la ética en la toma de decisiones con dinero público. La gestión de estos recursos debe ser realizada con la máxima transparencia y responsabilidad, asegurando que los beneficios alcanzan a aquellos que más los necesitan y contribuyendo verdaderamente al bienestar de la comunidad. La situación del call center, con las sospechas de prácticas de adjudicación diseñadas para beneficiar a una sola empresa, es un claro ejemplo de cómo la falta de ética en estas decisiones puede tener consecuencias negativas tanto a nivel económico como social.
En nuestra serie «Levantando el velo de las adjudicaciones», continuaremos explorando y revelando cómo se están utilizando los fondos públicos en Ceuta. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se administra su dinero, especialmente en una ciudad con un alto índice de desempleo y desafíos económicos significativos. Próximamente, abordaremos otra adjudicación controvertida que supera los 700.000 euros, comprometiéndonos a ofrecer a nuestros lectores un análisis detallado y una perspectiva crítica sobre estas cuestiones
