La Confederación General del Trabajo (CGT) lanza una protesta para visibilizar la precariedad y temporalidad a la que se ven abocados los trabajadores de las empresas municipales.
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Bajo el lema, la “Bolsa de Lipasam te condena a la temporalidad”, trabajadores/as y miembros del sindicato en solidaridad se han concentrado a las puertas de la sede consistorial.
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Varios de ellos han formado una “cadena de presidiarios”, vestidos de uniforme de reo y encadenados, lanzando consignas en las que se exige una solución para todos los trabajadores que a pesar de su antigüedad se ven abocados a encadenar contratos temporales sin posibilidad de acceder a un puesto fijo.
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Esta acción viene motivada, además, por los sucesos vividos el pasado 7 de Junio, en el que extrabajadores eventuales que pretendían reunirse con los grupos municipales para exigir al alcalde Juan Espadas el cumplimiento de los acuerdos aprobados en el Pleno municipal, fueron reprimidos y desalojados a la fuerza.
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Entre los compañeros que encabezaban esta protesta se encuentra Israel Albalat, que desde hace más de cuatro meses reclama a las puertas del ayuntamiento una solución para él y los trabajadores que se encuentran en la misma situación que él. Denuncia un supuesto amaño en las listas de contratación y en el proceso selectivo que les impidió a acceder al puesto fijo, tal y como queda recogido en el Convenio colectivo y en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Bolsa de Empleo Temporal. En su lugar, se les presentó la disyuntiva de firmar un contrato en modalidad de fijo discontinuo en lugar de indefinido, o se quedaban fuera. Estas presuntas irregularidades ya fueron denunciadas a la opinión pública por CGT de Sevilla el pasado mes de mayo.
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Junto al caso de Israel y sus compañeros de Lipasam, CGT ha querido visibilizar también la dinámica de precarización, corrupción y discriminación a la que se ven sometidos los trabajadores por casos similares. Caso flagrante lo encontramos en Espartinas, donde el ayuntamiento incumple sistemáticamente el convenio laboral al que se adhieren los trabajadores municipales, y a nivel de toda Andalucía, con la discriminación y pisoteo de los derechos de los empleados públicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) o incluso estatal con la imposición de la «Administración Electrónica».
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