La primera decisión que adoptó María Núñez Bolaños nada más tomar posesión del juzgado que investiga el fraude de los ERE fue el preludio de lo que vino después: la ruptura con la etapa de Mercedes Alaya. No habían pasado ni 24 horas cuando la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda revocar un auto dictado por su antecesora sólo horas antes de marcharse.
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La antigua juez de Familia, a la que el PP intenta apartar de los sumarios que convulsionaron la tranquila hegemonía socialista, frenó unas diligencias dirigidas a la Guardia Civil para indagar en la supuesta trama con ayudas para cursos de formación vinculada al exconsejero andaluz Ángel Ojeda.
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Su gesto dejaba un mensaje inequívoco: la juez que puso contra las cuerdas al inexpugnable bastión del PSOE, asentado sobre arrolladoras mayorías absolutas, iba a ser neutralizada. La propia Alaya había apretado el botón que permitía desactivar parte de su instrucción cuando decidió abandonar el juzgado y optar a una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla.
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Con la llegada al juzgado de Núñez —amiga del entonces consejero de Justicia, Emilio de Llera, según el insólito escrito de protesta que Alaya dirigió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)—, las decenas de miles de folios de los sumarios estaban condenados a disgregarse en piezas más pequeñas con la idea de ser empaquetadas y enviadas a juicio de forma progresiva. En la práctica, esta división constituía una enmienda a la totalidad al diseño de su antecesora.
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Los solicitantes de ayudas, imputados por la juez Alaya, pasaron a ser vistos como «víctimas» por Núñez
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La actual magistrada de la Audiencia había defendido a capa y espada que las causas de los ERE y los cursos de formación eran vasos comunicantes y, por tanto, indivisibles. Estaba convencida de que la arbitrariedad administrativa, el reparto de ayudas a empresas al margen de la fiscalización, el uso abusivo de las transferencias de financiación, la falta de control sobre las subvenciones para formar a desempleados en la tierra con más paro de Europa, obedecían a un plan político para poner el dinero público al servicio de un régimen clientelar que asegurase la perpetuación en el poder.
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Si Susana Díaz instauró «un tiempo nuevo» en el Palacio de San Telmo para no aparecer ante los andaluces como la heredera de José Antonio Griñán —el presidente que dimitió consumido por el «gran fraude» de los ERE—, a poco más de 500 metros del antiguo palacio de los duques Montpensier se fraguaba otra revolución, en la segunda planta de la vetusta sede judicial del Prado de San Sebastián.
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Como Penélope en su palacio de Ítaca, dedicó los primeros meses a «destejer» parte del trabajo hecho. Lo primero que hizo Núñez Bolaños, a la que el PP andaluz ha recusado por su relación familiar —son cuñadas— con una técnica de la Agencia IDEA, fue acabar con las macrocausas tal y como estaban concebidas. No esperó mucho. Ocho días después de aterrizar en su despacho, inicia los pasos para fragmentar la macro instrucción de los ERE fraudulentos en tres bloques, primero, que luego se convirtieron en seis piezas piloto. Hizo lo que la Fiscalía Anticorrupción había pedido hasta seis veces para acelerar la instrucción y evitar demoras indebidas que pudieran provocar la anulación de todo el proceso.
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Adiós a las macrocausas
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A los seis meses de llegar, la juez aplica la misma receta al caso de los cursos de formación en piezas separadas, en contra otra vez del criterio de su antecesora, que alertó de que la división «pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversaciónpara convertirlo en irregularidades administrativas». La profecía terminó cumpliéndose.
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En aquel momento, Alaya aún aspiraba a seguir instruyendo los ERE y el Caso Formación mediante una comisión de servicios. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el CGPJ acabaron apartándola. En esta decisión pesó la dureza con la que arremetió contra su sustituta, de la que cuestionó su capacidad profesional para asumir las macrocausas e insinuó que podría estar condicionada políticamente por un cargo de la Junta, Emilio de Llera. Lanzó al CGPJ un órdago en términos maximalistas: quería todo o nada. Y se quedó sin nada.
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Con sus luces y sus sombras —descritas con rigor por la periodista Mercedes Benítez en su libro «Juez Alaya. ¿diosa o demonio?»—, la juez sí acertó a pronosticar las consecuencias que podría acarrear una fragmentación del sumario de los ERE: «En cada expediente de subvenciones podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas».
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A toro pasado, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla (donde hoy Alaya ocupa una plaza) determinó que cada político acusado afrontará un único juicio y no decenas, como solicita la Fiscalía. El intento por acelerar la instrucción dividiéndola ha provocado una poda de acusados.
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Guiada por el criterio fijado por la Audiencia, la juez Núñez ha empezado a archivar causas abiertas contra ex altos cargos de la Junta por la concesión de distintas ayudas, dado que van a ser enjuiciados, como Chaves y Griñán, por el sistema ilegal de ayudas. Hasta el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien desveló la existencia de un «fondo de reptiles» para financiar ERE, podría ver aliviada su carga incriminatoria gracias a este importante giro en el proceso.
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El tiempo y la complejidad de la causa también obró en favor de algunos investigados. La prescripción de los hechos supuestamente delictivos dio pie a los primeros sobreseimientos.
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En dos años y medio también se han cerrado cinco investigaciones que en manos de Alaya parecían interminables. El trabajo del juez de apoyo Álvaro Martín y de la nueva titular del juzgado ha dado como resultado que cinco piezas separadas de la causa de los ERE estén concluidas (Procedimiento específico, Surcolor, Acyco, las empresas del chófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Cenforpe) y pendientes de su enjuiciamiento.Veintidós ex altos cargos van a sentarse en el banquillo por el sistema ilegal de financiación y reparto de ayudas.
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De imputados a víctimas
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El huracán de los ERE y Formación, que se llevó por delante a sus principales protagonistas, dimitidos o relevados de sus cargos, pasó a escala de tormenta tropical. Los solicitantes o beneficiarios de ayudas, imputados por Alaya, pasaron a ser considerados «víctimas» por su sucesora.
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La rama política del caso Formación, llamada así porque implicaba a 24 ex altos cargos autonómicos, también se diluyó. Tras pedirlo el fiscal Fernando Soto, Núñez archivó la pieza que más inquietaba la Junta. Un carpetazo que se adelantó antes de que se produjera, lo que motivó una queja del PP contra la juez que el CGPJ desestimó. Donde Alaya adivinó una «red de clientelismo político» tejida en torno a los fondos de formación, Núñez no vio más que meras «irregularidades administrativas» sin recorrido penal.
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A instancias del fiscal, la magistrada también dictó el sobreseimiento de la investigación de ayudas concedidas a empresas del ex número dos del PSOE-A, Rafael Velasco. Estas decisiones alimentaron el discurso del Gobierno andaluz de que todo había sido un «bluf» judicial.
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Alentado por el propio hastío de la sociedad andaluza, que en gran parte ya había interiorizado el fraude como un mal rutinario, el Ejecutivo socialista ganó en tranquilidad.
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No toda, pero parte de la presión que soportaba en solitario el PSOE se ha desplazado ahora hacia el PP. Amparándose en un atestado de la Guardia Civil sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, que fue cofinanciado por las administraciones autonómica y central, la juez Núñez imputó a dos ex cargos del último gobierno de José María Aznar. El objetivo, explorar si hubo un sistema de reparto de ayudas a escala estatal igual al que operó en Andalucía. Para ello ha pedido información a las aseguradoras que tramitaron las prejubilaciones sobre las comisiones que han cobrado tanto de la Junta… como del Gobierno.
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ANTONIO R. VEGA
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SEVILLA 05/11/2017 08:35h CADIZ LA VOZ
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