Según el sindicato se abre una panorama de incertidumbre y riesgos para los interinos que defienden su derecho a la estabilidad laboral.
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La organización sindical CGT Andalucía lamenta que ningún motivo justo haya servido para que el poder político recondujera su dirección en el deterioro de los derechos laborales en las administraciones públicas: ni haber estado en la primera línea de batalla durante la pandemia, ni los continuos recortes que han sufrido en los servicios públicos, ni la precarización del empleo público en las últimas décadas, ni que la Comisión Europea haya declarado ilegal la situación de abuso de la temporalidad y fraude en la contratación en las administraciones españolas, ha servido para que partidos que dicen defender a la clase trabajadora como Unidas Podemos, ERC y Compromís se opusieran a un Decreto creado por el PSOE para intentar engañar a la Comisión Europea en su propuesta de sanción del abuso de la temporalidad en el Sector Público.
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El Decreto establece una nueva redacción del EBEP que no previene el abuso de la temporalidad, ni la utilización de la contratación por programas para necesidades estructurales de las administraciones, tal y como ha señalado CGT. A futuro, según este sindicato, no sirve de nada y provocará nuevas bolsas de temporalidad, entre otras cosas, porque no existen sanciones a los responsables políticos que cometan esos abusos y las indemnizaciones irrisorias que se plantean las pagarán los fondos públicos y no los que comentan el fraude.
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Para CGT, el nuevo escenario que se abre después de la convalidación del llamado “Icetazo” y su tramitación como Proyecto de Ley genera más dudas que certezas. CGT señala que se han hecho muchas declaraciones de intenciones tanto por el Gobierno como por los partidos que lo han apoyado, pero se ha generado una incertidumbre entre el personal interino en situación de abuso que no parece tranquilizar a nadie.
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CGT Andalucía ha defendido que el Proyecto de Ley que tiene que parir este Decreto sólo responderá a las exigencias europeas y las sentencias del TJUE si sanciona el abuso de la temporalidad de manera proporcional, eficaz y disuasoria, generando soluciones para que “quienes están se queden”. Si el Gobierno central ya ha reconocido que las administraciones son las responsables de esta situación, deben asumir las soluciones y no trasladar esa responsabilidad a las víctimas de este problema.
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Algunas de las líneas a acordar que esbozaron los partidos que apoyaron el “Icetazo” son incongruentes y discriminatorias según CGT. Por ejemplo, se anunció la posibilidad de que los interinos que llevaran 10 años podrían tener un proceso selectivo mediante un concurso, sin necesidad de una fase de oposición, tal y como ya establece el EBEP. Sin embargo, esto generaría una discriminación, ya que el propio Tribunal Supremo ya estableció el abuso en haber sobrepasado los tres años en situación de temporalidad sin convocatoria de oposición, con lo que no se pueden tomar medidas según los años en abuso, o se está o no en esa situación y las soluciones deberían ser exactamente las mismas. Tampoco serviría per se que la fase de oposición no fuera eliminatoria, ya que al igual que en el caso de que hubiera sólo un concurso, sin ser procesos de acceso restringido a las personas que han sufrido el abuso, cualquier persona con más concurso, incluso siendo funcionario de carrera, podría obtener la plaza y el interino se iría a la calle sin ninguna opción.
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Así mismo, CGT critica que la propuesta de sanción económica se relacione con participar en un proceso selectivo, lo que iría, según el sindicato, en contra de las resoluciones judiciales del TJUE, que establecen que la sanción no deben ser los procesos selectivos de libre concurrencia, cuya ausencia provocó el abuso. Esta sanción económica la concreta el Decreto de Iceta, ahora de Montero, en 20 días año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, cuestión esta que no casa, según CGT, con las supuestas intenciones de derogar la Reforma laboral, ya que lo asimila a un despido improcedente, indemnizando únicamente si no se consigue la plaza en el proceso selectivo. Además, a CGT le llama la atención que no se haya planteado por los grupos políticos que sostienen el Decreto de interinos la posibilidad de crear una figura nueva de empleados públicos a extinguir que recoja esta realidad y que pueda otorgar una estabilidad y unas condiciones iguales con respecto a los funcionarios de carrera, ya que la situación es excepcional, acuciante y dañina para cientos de miles de trabajadores de lo público.
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CGT considera que existe margen para que, habiendo voluntad, se establezca claramente una sanción que repercuta en las administraciones y no en los empleados públicos, donde no tengan que competir en procesos de libre concurrencia las personas víctimas del abuso de la temporalidad con quien tiene el legítimo derecho a querer acceder por primera vez a un empleo público. Para el sindicato son procesos incompatibles porque unos procesos deben resarcir un abuso cometido por las administraciones y, a parte, deberían recuperarse todas las plazas de empleo público perdidas durante las últimas décadas para que pudiera acceder las personas aspirantes.
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No es de recibo, concluye CGT Andalucía en su comunicado, que una situación injusta se quiera resolver generando más injusticia, en un colectivo de empleados públicos feminizados, en situaciones precarias y con una edad media alta, que ha dedicado décadas, en muchos casos, en la defensa de los servicios públicos y que el “Icetazo” a día de hoy, aboca a un futuro negro en la cola del paro.
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CGT Andalucía ya ha anunciado que se sumará e iniciará movilizaciones en la defensa del colectivo de interinos en abuso y sus derechos, señalando a los partidos políticos responsables de decisiones que puedan dañarles.
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