Durante más de 15 años la Junta de Andalucía ha estado utilizando a los colectivos subcontratados de PTIS (Personal Técnico de Integración Social) e ILSE (Intérpretes de Lengua de signos) en pésimas condiciones laborales para ahora condenarlos al paro.
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En estos momentos están viviendo una situación de abandono y desprotección por parte del actual Gobierno andaluz que les prometió mediante decreto que sus salarios no se iban a ver afectados durante el estado de alarma.
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Hoy en día siguen sin cobrar, no pueden hacer frente a los gastos cotidianos y se encuentran en una situación extrema.
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La empresa culpa al gobierno y viceversa, pero, como siempre, es la clase trabajadora la más perjudicada ante esta situación.
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CGT rechaza la precariedad laboral impuesta por las empresas y permitida por la Junta de Andalucía.
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