El pasado martes 17 de marzo de 2026, se produjo un accidente laboral grave en el municipio de Benarrabá, Málaga. Durante las obras de construcción de un tanatorio municipal en la calle Sierra Bermeja, un muro de contención colapsó, atrapando a dos operarios. Como resultado del desprendimiento de tierras y escombros, un trabajador de 39 años falleció en el lugar y otro resultó herido de gravedad con diversos traumatismos, siendo evacuado de urgencia por el servicio de helicóptero del 061.
Desde una perspectiva técnica, el colapso de un muro de contención en una fase de excavación o cimentación denota fallos críticos en la cadena de seguridad. Es evidente que este siniestro era evitable. En obras de esta naturaleza, es imperativo que el Plan de Seguridad y Salud recoja específicamente los riesgos de inestabilidad de estructuras colindantes y las medidas de entibación o apuntalamiento necesarias.
Al tratarse de una obra de titularidad municipal, la administración pública actúa como promotora, lo que le otorga la responsabilidad legal de vigilar que la empresa contratista cumpla estrictamente con la normativa de prevención. La falta de inspección y el posible incumplimiento de las medidas técnicas de seguridad son los factores principales que se están investigando.
Este trágico suceso supone el primer accidente mortal registrado en la provincia de Málaga en lo que va de año. Sin embargo, los datos de 2025 ya mostraban una tendencia alarmante: 16 fallecidos en jornada laboral y un accidente grave cada dos días (171 heridos graves en total durante el año anterior)
En el ámbito regional, Andalucía ya contabiliza 17 víctimas mortales en el trabajo en los primeros meses de este año.
La precariedad laboral, la falta de cultura preventiva en las empresas y la insuficiencia de recursos materiales y humanos en la Inspección de Trabajo son identificados como los factores sistémicos que perpetúan estas cifras.
Es urgente la implementación de un «plan de choque» contra la siniestralidad laboral, que debería incluir, como mínimo:
1.- Refuerzo de la Inspección: Aumento inmediato de inspectores de trabajo para cubrir el tejido empresarial en Andalucía.
2.- Exigencia de protocolos de seguridad auditables en todas las obras municipales y responsabilidad en Contratación Pública.
3.- Actualización de la Normativa: Reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las nuevas realidades de subcontratación y precariedad laboral que va en aumento.
«Son 6.340 trabajadores que han muerto en Andalucía desde 1988″
¡NO SOMOS CIFRAS, SOMOS PERSONAS QUE PIERDEN LA VIDA TRABAJANDO Y SE DESTROZAN FAMILIAS!
