No sabían y no fueron advertidos de ilegalidad alguna del caso ERE. El desconocimiento, la falta de competencias y la legalidad del procedimiento empleado para financiar las ayudas de los ERE han sido los argumentos esgrimidos por las defensas de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de prevaricación, malversación de fondos públicos y/o asociación ilícita para pedir su absolución. Todos ellos se han desvinculado del reparto supuestamente ilícito de subvenciones entre empresas en crisis con cargo a la partida 31L, el fondo de los ERE fraudulento.
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Tras una primera jornada dedicada a la lectura de los escritos de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el PP y Manos Limpias, las defensas han copado la segunda sesión del juicio de la pieza política del caso ERE, centrada en el sistema de financiación y reparto de 854,8 millones de euros de fondos públicos, que afecta a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a 20 ex altos cargos más de sus gobierno. En la vista que ha durado cuatro horas y media se han leído los extractos de los escritos de ocho de los acusados. Así se ha defendido cada uno:
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Manuel Chaves
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En el escrito presentado por el abogado de Manuel Chaves, Pablo Jiménez de Parga, que se ha leído parcialmente en la sala, defiende que el expresidente «ni conoció, ni pudo conocer, las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales». Insistió en que Chaves no conocía las supuestas irregularidades «puesto que nadie le advirtió de ello y el interventor general tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación».
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«En su condición de presidente de la Junta de Andalucía desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales, así como las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito, pues no era evidentemente su labor como presidente de la comunidad autónoma», expuso para justificar su absolución.
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José Antonio Griñán
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El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, a través de su abogado, José María Mohedano, ha pedido su exculpación dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas bajo el argumento de que «nunca» intervino en la concesión concreta de las ayudas.
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En su escrito de defensa, leído parcialmente, su letrado reiteró que «no se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su Departamento de Hacienda».
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También ha negado la imputación del delito de malversación apelando a que el instructor del Tribunal Supremo señaló que «no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas».
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Aunque Griñán reconoció el 9 de abril de 2015 tras su declaración en el Tribunal Supremo que «no hubo un gran plan» pero sí un «gran fraude», su defensa ahora lo niega. Asegura que la cifra defraudada rondaría los 80,9 millones, frente a los 741,6 millones a los que ascendería el daño causado al erario público, según la Fiscalía Anticorrupción. «La mayor parte del gasto no tuvo un destino fraudulento», concluyó.
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Griñán y Chaves, este jueves en el juicio-EFE/ JULIO MUÑOZ
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Gaspar Zarrías
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El exvicepresidente de la Junta y exconsejero de la Presidencia defiende que «las leyes de presupuestos durante diez años contemplaron las transferencias de financiación» para el IFA/IDEA, la agencia autonómica que utilizó la Consejería de Empleo para pagar las ayudas irregulares y que evitaba la fiscalización previa de las ayudas. Admitió que existió un proyecto de decreto para regular las ayudas pero que «fue abandonado por la Consejería que lo había propuesto». Respecto a las modificaciones presupuestarias «ilegales», otra de las cargas incriminatorias apuntadas en el auto del juez instructora, el letrado del exvicepresidente, Gonzalo Martínez Fresneda, ha apuntado que el aumento de la partida de los ERE a través de ampliaciones presupuestarias tenía los informes favorables de la Intervención y de la Dirección General de Presupuestos.
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Magdalena Álvarez
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La exconsejera de Economía y Hacienda hasta 2004 también ha solicitado su absolución porque «no se ha acreditado ni un solo indicio» que acredite que «con sus actos u omisiones pretendiera la consecución de las perniciosas consecuencias que, incorrectamente se atribuyen al uso de las transferencias de financiación» para abonar las ayudas. «La utilización de las transferencias de financiación fue aprobada por el Parlamento andaluz porque no había ilegalidad ni presenta arbitrariedad alguna», indicó su letrado Rafael Alcácer, quien añade que tampoco pudo conocer las advertencias de la Intervención General contra el procedimiento de financiación de las ayudas, puesto que su informe fue posterior a su cese como consejera.
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Antonio Fernández
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El letrado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, hizo una reflexión sobre la generalizada «sospecha» de corrupción que ha calado en la sociedad acerca del fraude de los ERE. «Han sido muchos los informativos y las tertulias donde se repite hasta la saciedad la idea de los ERE de Andalucía como el summun de la corrupción, de que con el dinero de los parados se repartió dinero entre los amiguetes». Fernández responsabilizó de las supuestas irregularidades a su subordinado, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que autorizaba las ayudas, así como al interventor de la Junta, que «pudo y debió haber emitido informe de actuación», lo que no quiere decir que la global actuación de Empleo deben considerarse arbitraria. Invocó un auto de la juez instructora María Núñez, que fue anulado por la Audiencia Provincial de Sevilla por lo que luego pidió disculpas al mencionarlo. En esta resolución Núñez Bolaños archivó la pieza separada abierta por la ayuda de 1,3 millones de euros concedida a Azucareras Reunidas de Jaén S.A. al considerar que no existen 'intrusos' en un ERE.
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Carmen Martínez Aguayo
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Víctor Moreno Catena, letrado de la exconsejera de Hacienda bajo el mandato de José Antonio Griñan ha asegurado que «es radicalmente falso» que ésta «conociera, participara o consintiera la gestión que la Dirección General de Trabajo estaba haciendo de las ayudas». Solicita por ello su absolución bajo el argumento de que «ha sido enteramente ajena» y no ha participado «en modo alguno» en el mantenimiento de dicho procedimiento, cuya existencia niega. En la causa, «no existe ningún indicio de que conociese la gestión que laDirección General de Trabajo estaba realizando del programa presupuestario 31L, ni de la existencia de intrusos en las pólizas, o sobrecomisiones, o de la concesión de ayudas prescindiendo de los trámites establecidos y a entidades que no reuniesen los requisitos para ser beneficiarias de las mismas». Ha defendido la legalidad del uso que se hizo de las transferencias de financiación y dice que no ha sido un «vehículo de defraudación».
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Francisco Vallejo
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La defensa de Francisco Vallejo, que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, ha solicitado la absolución del exconsejero de Innovación alegando «no tuvo conocimiento de las irregularidades ni incumplimientos que se describen en los escritos de acusación, no habiendo llevado a cabo ninguna conducta ilícita».
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Añade que «no dictó resolución administrativa alguna como viceconsejero de Innovación ni como vicepresidente de IFA/IDEA ni realizó acto de disposición de fondos públicos alguno, irregular, ilegal, arbitrario ni delictivo en relación con el asunto objeto de este proceso».
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Magdalena Álvarez charla con Manuel Chaves-EFE
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José Antonio Viera
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El abogado de José Antonio Viera, para quien el Ministerio Público solicita ocho años de cárcel y diez de inhabilitación por dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, rehusó su derecho a leer el escrito. En su defensa apuntó que no puede derivarse «de lo realmente acaecido responsabilidad alguna» para el ex consejero de Empleo.
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Antonio Vicente Lozano
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El exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía ha señalado que su departamento no elabora ni los presupuestos ni el proyecto de los presupuestos, puesto que ésta es competencia del Consejo de Gobierno. Por tanto no tenía conocimiento de ninguna irregularidad, según su abogado, que es el mismo que el de Griñán, José María Mohedano.
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ANTONIO R. VEGA la voz de Cadiz
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