CGT denuncia el cierre definitivo de la Comunidad Terapéutica de Mijas y la privatización de sus plazas asistenciales.
Desde esta organización sindical se exige a la Junta de Andalucía mantener un recurso público especializado en la atención a mujeres con adicciones y víctimas de violencia de género y se opone al cierre, que irá acompañado de la privatización de las plazas asistenciales mediante su concertación con entidades privadas.
El centro cesó su actividad en agosto, alegando la Administración andaluza, como excusa, motivos de seguridad relacionados con el riesgo de incendio.
Ahora, la comunicación de su cierre definitivo confirma la pérdida de un servicio esencial para mujeres que necesitan una atención especializada y un entorno seguro para su recuperación.
La Comunidad Terapéutica de Mijas constituye un recurso singular: es el único centro público de Andalucía dedicado exclusivamente al tratamiento residencial de mujeres con adicciones. Su atención a víctimas de violencia de género permite abordar situaciones en las que la dependencia, la violencia y la vulnerabilidad social se entrecruzan y dificultan el acceso al tratamiento.
CGT defiende que, ante los riesgos de seguridad, la Junta debe actuar protegiendo a las pacientes, a los profesionales y la continuidad del servicio público. Estos riesgos no pueden convertirse en una excusa para suprimir de forma permanente un recurso de estas características y privatizar las plazas públicas para enriquecer a empresas privadas. CGT rechaza que la respuesta al cierre sea sustituir las plazas públicas por plazas concertadas.
La atención a mujeres con adicciones y víctimas de violencia de género requiere continuidad terapéutica, equipos especializados y coordinación con los recursos de protección, igualdad y servicios sociales.
La Administración debe explicar cómo garantizará estas condiciones y qué consecuencias tendrá su decisión para las mujeres atendidas y para quienes necesitan acceder al recurso.
Por todo ello, CGT exige a la Consejería competente en materia de salud:
- La revisión del cierre definitivo y la recuperación del servicio bajo gestión pública, en instalaciones seguras y adecuadas.
- La publicación de los informes técnicos que fundamentan el cierre y de las alternativas estudiadas para mantener el centro.
- La transparencia sobre los planes de concertación de plazas, sus condiciones y su financiación.
- La garantía de continuidad asistencial para todas las mujeres afectadas, con atención especializada en adicciones y violencia de género.
- La información y participación de la plantilla y de su representación en cualquier decisión sobre el futuro del servicio.
Cerrar este centro supone perder un recurso público especializado cuya función no puede reducirse a un número de plazas. La Junta de Andalucía debe garantizar una respuesta asistencial que sitúe la seguridad, la protección y la recuperación de las mujeres en el centro de sus decisiones.
